Durante el presente año 2026, un total de 3.630 ciudadanos han sido liberados del sistema judicial ordinario por cumplimiento de condena en Venezuela, según informó Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz. Esta cifra refleja la aplicación de mecanismos legales como redenciones de pena, abordaje del retardo procesal y concesión de medidas alternativas para enfrentar procesos en libertad. Los datos fueron presentados junto a Delcy Rodríguez en el balance de la Comisión de Amnistía, demostrando un incremento significativo respecto al año anterior cuando se contabilizaron 2.244 personas beneficiadas por estas medidas de gracia.
Cabello enfatizó que las reformas actuales del sistema penal venezolano buscan una transformación profunda basada en los derechos humanos y garantías consagrados en la Constitución nacional. El funcionario señaló que la Carta Magna contiene un título completo dedicado a los derechos humanos, lo cual fundamenta las propuestas de reforma que actualmente se desarrollan en el poder judicial. Estas iniciativas representan un esfuerzo por alinear los procesos judiciales con los principios constitucionales de protección de derechos.
Respecto a la flexibilización de los procesos de detención preventiva, Cabello precisó que en diversos escenarios del sistema judicial ya se considera que determinadas personas no requieren estar detenidas y pueden ser juzgadas en libertad, dependiendo del análisis de cada caso específico. Esta política busca reducir la población carcelaria innecesaria y permitir que los procesados participen activamente en su propia defensa. El funcionario destacó que el retardo procesal, anteriormente generado por la figura de los pranes que impedían que personas acudieran a tribunales, ya no existe en la actualidad.
De igual forma, Cabello subrayó el papel fundamental de los Jueces de Paz en la resolución de conflictos comunitarios, permitiendo que casos menores sean mediados directamente por liderazgos locales legitimados en los sectores. Asimismo, informó sobre avances en la implementación de audiencias temáticas para casos donde los imputados no pueden ser trasladados presencialmente. Estas medidas reflejan una estrategia integral de modernización del sistema de justicia penal que prioriza tanto la celeridad procesal como el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Fuente: El Universal — Ver nota original
