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Valparaíso región y comuna: la urgencia en el acceso a servicios y el bienestar social

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El creciente aumento del número de campamentos y de familias que los habitan se expresa como uno de los principales dramas sociales que impactan a la región de Valparaíso y a sus comunas. En el 2019, previo a la pandemia, el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el MINVU indicaba a la región de Valparaíso con 11.228 familias viviendo en campamentos, siendo el mayor número a nivel nacional, y de los cuales, un 88% se emplaza en las áreas urbanas de la región, principalmente de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana. A su vez, el reciente Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, elaborado por Techo-Chile y Fundación Vivienda, muestra un alarmante aumento en estas cifras con 23.843 familias y 225 campamentos en la región.

Considerando las crecientes demandas de organizaciones sociales y pobladoras/es, pocas dudas caben en que estas preocupantes cifras se expresan, por una parte, a consecuencia de años de políticas orientadas al mercado del suelo y la vivienda, y por otro, a raíz de un compleja crisis social que se arrastra previo a la pandemia del coronavirus y que se estaría agudizando en este periodo de restricciones sociales y económicas. Pero más allá de las cifras, la cara visible de este escenario son las precariedades que enfrentan día a día miles de familia para poder acceder a diversos servicios básicos de subsistencia, como el agua potable y el saneamiento.

El catastro 2020-2021 también exhibe cifras reveladoras respecto al acceso al agua y saneamiento en campamentos: un 39% accede al agua potable mediante “pinchazos” a la red pública y otro 31% se abastece mediante camiones aljibes, mientras que cerca de un 44% tiene acceso al saneamiento mediante pozos negros, acequías o canales. Más complejo aún, es que la continua inseguridad e irregularidad de estos medios de acceso al agua para las familias, quienes en última instancia dependen de las capacidades y recursos con que cuentan los municipios para acceder al consumo de agua. En el caso de la comuna de Valparaíso, al año 2019, la municipalidad cumplía funciones de repartir agua semanalmente mediante camiones aljibes a cerca de 500 familias de la comuna, gran parte de ellas situadas en los sectores altos y/o periféricos de la ciudad, en una cantidad y frecuencia limitada por la cantidad de camiones aljibes que posee el municipio y recursos para ejecutar esta tarea. Sin embargo, estas capacidades se ven continuamente sobrepasadas por el crecimiento de los campamentos, incluso en sectores de difícil acceso para los aljibes, y también por las dificultades de logística y coordinación entre diversos organismos que cumplen un rol en este proceso, según lo expresado por los funcionarios del municipio.

Por otra parte, las dificultades de acceso al agua no terminan solo con la regularización de los campamentos. Que un sitio sea regularizado y/o incluido dentro del área urbana no implica directamente que podría contar con abastecimiento de la red de agua potable. Es recurrente escuchar que las coberturas de agua potable del sistema sanitario urbano ronda por el 99,8%, no obstante, lo que pocas veces se aclara es que dicha cobertura corresponde al área operacional de la empresa sanitaria, que está dentro del área urbana de cada localidad pero que no siempre coincide con el límite urbano. Por lo cual, existe una cantidad no menor de viviendas que no están consideradas en este exitoso porcentaje de cobertura, situación que ha sido reconocida por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en su reporte anual 2018. La cobertura de estas áreas corresponde a una negociación a parte entre la empresa sanitaria y la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre inversiones y precios del agua, pero no los incluye a todos. Si consideramos, por una lado, que la actualización del límite urbano está asociado a la actualización de los planes reguladores y las dificultades de este proceso, y por otro, que el emplazamiento de campamentos se realiza próximo o fuera de los límites urbanos, tenemos un escenario creciente año tras año de viviendas y familias sin acceso a la cobertura por red de agua potable, y por tanto, dependiente de la “informalidad” o de las capacidades de los aljibes municipales.

 

Afrontar este panorama comunal y regional es una tarea compleja. El reciente fallo de la Corte Suprema que reconoce el acceso al agua de las personas en un mínimo de 100 litros diarios debe tener un trasfondo mayor que la sola responsabilidad del Estado para abastecer de agua mediante camiones aljibes. Sin duda hay urgencias, pero plantear gobiernos transformadores involucra mucho más que los malabares presupuestarios o las soluciones contingentes. Involucra comprender y actuar sobre los factores que fuerzan a las familias a la informalidad, que condicionan la mercantilización del suelo, la vivienda y los servicios básicos, que limitan la capacidades locales para responder a las emergencias y brechas sociales, y que restringen los modos de desarrollo local. De ahí la relevancia de este periodo. La oportunidad de que mientras se disputa el derecho humano al agua y a la vivienda digna en una nueva constitución, a nivel regional se impulsen nuevas estrategias de desarrollo y ordenamiento territorial orientadas a las urgencias y necesidades de miles de familias, y a nivel comunal, las prioridades de la Alcaldía y el concejo municipal estén puesta en lograr los acuerdo necesarios para obtener recursos y capacidades que permitan una efectiva implementación de medidas.

En definitiva, es apuntar a los derechos al agua, la vivienda, la ciudad, el trabajo digno, pero también la descentralización, la distribución de poder y la democratización local con sentido de urgencia. Las realidades del día a día nos muestran que es una lucha a nivel constitucional, presidencial, regional y local, sin lugar para feudos ni mezquindades, en la medida que el fin último de los esfuerzo sea el bienestar social y dignidad de las familias en Valparaíso región y comuna.

 

 

 

 

 

 

 

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