Utier pide al Supremo federal anular las decisiones de la JSF - EntornoInteligente
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Los nombramientos de los siete miembros actuales de la JSF vencen el 30 de agosto. (GFR Media) Washington – La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego ( Utier ) reclamó hoy al Tribunal Supremo de Estados Unidos que anule las decisiones tomadas por la Junta de SupervisiónFiscal (JSF) y confirme la inconstitucionalidad de los nombramientos de los miembros actuales del ente que controla las decisiones financieras públicas de Puerto Rico.

Al presentar su alegato de cara a la audiencia oral del próximo 15 de octubre en el máximo foro judicial estadounidense, los abogados de la Utier argumentaron que validar las decisiones tomadas durante los pasados tres años sería apoyar los actos de personas que han actuado contrario a la Constitución federal.

Aunque el pasado 15 de febrero el Primer Circuito de Apelaciones declaró inconstitucional la forma en que fueron nombrados los siete miembros con plenos derechos a la JSF, el tribunal apelativo reconoció las decisiones tomadas por el organismo, que incluyen la reestructuración de parte de la deuda pública de la isla.

En junio, el  Tribunal Supremo federal informó que revisará la validez de los nombramientos y el poder que tenían los miembros de la JSF para tomar decisiones como “funcionarios de facto”, si se confirmara la decisión del foro de apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos.

“Desde Ryder (versus United States, 1995) este Tribunal ha abandonado la práctica de validar actos pasados de una entidad u oficina inconstitucionalmente constituida y se ha negado a extender o incluso analizar la doctrina del oficial de facto ‘olvidado’ que tiene ‘orígenes feudales que datan del siglo XV'”, indicaron Jessica Méndez Colberg y Rolando Emmanuelli Jiménez, en el recurso sometido esta tarde.

Los abogados Méndez Colberg y Emmanuelli Jiménez pidieron además al Tribunal Supremo de EE.UU. que confirme la decisión del Primer Circuito de Apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos.

Bajo la decisión del foro de apelaciones, los miembros del ente fiscal son considerados funcionarios federales de alto nivel – no territoriales como argumentan la JSF, el Departamento de Justicia de EE.UU. y el gobierno de Puerto Rico-, por lo que debieron ser nombrados directamente por el presidente estadounidense y confirmados por el Senado federal.

Seis de los siete miembros de la JSF fueron recomendados por los líderes del Congreso y el séptimo fue nombrado por el entonces presidente Barack Obama. Ninguno fue confirmado por el Senado estadounidense.

Pese a que tienen el poder para proponer la reestructuración de la deuda pública de más de $70,000 millones y aprobar presupuestos por encima del gobierno electo de Puerto Rico, los residentes de la Isla, incluidos los miembros de la Utier, no pudieron votar por los miembros de la JSF, por los congresistas que los recomendaron o por el presidente de EE.UU., indicaron los abogados del sindicato.

Al defender la teoría de que se trata de funcionarios federales de alto nivel, Méndez Colberg y Emmanuelli Jiménez advirtieron que solo el presidente de EE.UU. puede removerlos de sus cargos, no el Congreso a través de sus poderes bajo la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense. El gobierno de Puerto Rico, mientras, no tiene poder para fiscalizar sus decisiones.

“El Congreso puede crear oficinas u oficiales dentro del gobierno territorial de Puerto Rico sin ningún problema con la Cláusula de Nombramientos. Pero, si en el proceso, el Congreso otorga a dicha entidad u oficial con poderes federales amplios y exclusivos, entonces creó una entidad compuesta por funcionarios de los Estados Unidos que deberían ser designados de conformidad con la Cláusula de Nombramientos”, indicaron los abogados de la Utier.

En su recurso, Méndez  Colberg y Emmanuelli Jiménez refutaron los argumentos de la JSF, y los gobiernos de EE.UU. y Puerto Rico en el sentido de que si los nombramientos hechos al ente fiscal son inconstitucionales, por no haber sido nombrados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense, se pone en entredicho la validez de la elección del gobernador y los legisladores, cuya autoridad también emana de estatutos federales.

“El hecho de que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como todas las leyes del Estado Libre Asociado, sean producto de la autoridad que el Congreso ha delegado por ley, no es suficiente para concluir que el gobernador ejerce la autoridad de conformidad con las leyes de los Estados Unidos “, agregaron.

Mientras, los abogados de la Utier piden al Tribunal Supremo estadounidense que utilice la controversia sobre la constitucionalidad de los nombramientos del ente fiscal para echar a un lado la doctrina de los Casos Insulares, que reconoce poderes plenarios al Congreso para actuar sobre los territorios. En última instancia, dijeron, es esa doctrina la que utilizan la JSF y los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. para pedir al tribunal que reconozca los nombramientos a la junta fiscal como un ejercicio legítimo de los poderes del Congreso sobre la Isla

“La historia de la dominación colonial de Puerto Rico a través de laCláusula de Territorios es insostenible y mientras la doctrina de los Casos Insulares sea la base de la afirmación de las partes opuestas (a la posición de la Utier), es imperativo que esta Corte evalúe la validez de esta jurisprudencia. Los defectos constitucionales de los casos insulares son el núcleo de esta controversia y están interpuestos al remedio buscado por Utier, por lo que se justifica su anulación”, indicaron Colberg Méndez y Emmanuelli Jiménez.

Los nombramientos de los siete miembros actuales de la JSF – que tras la decisión del Primer Circuito de Apelaciones fueron enviados el 18 de junio al Senado por el presidente Donald Trump – vencen el 30 de agosto.

Aunque el Senado estadounidense no podrá revisar esos nombramientos por lo menos hasta septiembre, los miembros de la JSF pueden seguir en sus puestos mientras el presidente Trump no los sustituya o se decida el caso ante el Tribunal Supremo federal.

LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

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