Un sistema que ofrece protección pero no resultados a víctimas de violencia - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / Procesos sin una sentencia oportuna para agresores, atención inadecuada en comisarías, indiferencia y falta de sensibilidad de las autoridades hacia las víctimas son las principales falencias que la Defensoría del Pueblo ha detectado en el servicio de atención a las víctimas de violencia.

“Hemos visto casos en que la Policía no recibe la denuncia, se demora en la notificación; un juez se demora en calificar un expediente, las medidas de protección no se dan; el fiscal archiva el caso porque no ve pruebas. Simplemente, el mensaje a la sociedad es que es un sistema fallido y la mujer que va a buscar esa justicia es una que se convierte en víctima ya no de su agresor directo, que es un varón, sino de un Estado que no está respondiendo oportunamente y con eficacia”, explica Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Sin justicia efectiva

Esta cadena de responsabilidades no solo les impide alcanzar una justicia efectiva, sino que además expone a miles de mujeres a volver a ser atacadas y, en el peor de los casos, con consecuencias fatales debido a que en menos del 1% de los casos se obtiene sentencia al año.

“De las 100 mil mujeres que han ido a buscar apoyo a los más de 355 Centros de Emergencia Mujer (CEM), menos de 700 han logrado sentencias en un año; pese a que cuentan con Fiscalía y Juzgado. Con ese bajo porcentaje te das cuenta de que el Estado solo da la oferta del servicio de protección a las mujeres, pero no se enfoca en el resultado, que sería alcanzar una justicia efectiva para las víctimas. Igual pasa con las medidas de protección, que no alcanzan al 5%. Ahí se ve que el sistema de atención hace agua porque no está respondiendo a las mujeres”, afirma.

8 mil mujeres en riesgo

Revollar refiere que a nivel nacional hay más de 8 mil casos de mujeres con riesgo severo; es decir a cualquiera de ellas su pareja la puede matar. Por ello considera necesario que se ponga una cuota de eficiencia en el trabajo.

Advierte que si bien es importante que el Estado implemente políticas de prevención, para reducir los índices de violencia en el largo plazo, el sistema de atención tiene que responder a los casos concretos con una mano imparcial a los agresores y con otra mano que cobije y dé protección a las mujeres, porque de lo contrario los feminicidios continuarán reportándose.

“Vemos muchas falencias en el sistema de justicia y en los CEM. Cada caso nos va revelando qué funcionario, qué operadora es responsable de que no funcione esta cadena”, agrega.

Machismo en operadores

La investigación realizada desde el 2017 por la Defensoría del Pueblo revela que muchas de las víctimas de feminicidio han acudido varias veces a denunciar hechos de violencia previa, pero no les tomaron la importancia por el machismo imperante en los mismos operadores encargados de su protección.

Una de ellas es María Maquera, quien en el 2016 denunció a Fredy Ramos Ginez, su pareja, por maltratarla y haber abusado de su hija de 14 años. El Poder Judicial le prohibió acercarse a las víctimas, pero demoró tres años en sentenciarlo. Una semana antes de la audiencia, el 14 de enero de este año, ella y su hijo desaparecieron y días después fueron encontrados muertos.

Otra víctima, Clorinda Laura Bonifacio, interpuso una denuncia contra su cónyuge por violencia familiar y estaba a la espera de que el juez dicte medidas de protección cuando Calixto Charaña Chambilla volvió y la mató.

En abril, Estefanny Flores denunció a su expareja por tentativa de feminicidio, pero la Policía lo consideró abandono de hogar. Si bien el informe recomendó que se emitan medidas de protección a su favor, el oficio fue enviado ocho días tarde al Módulo Judicial y no fue ingresado al sistema seis días después. La demora le dio el tiempo suficiente al agresor para volver y asesinarla. ❖

Casos se han incrementado

Eliana Revollar reveló que en lo que va del año se han registrado más de 60 feminicidios consumados y 119 tentativas en todo el país. Esta cifra representa un incremento del 30% respecto al periodo anterior. El Ministerio Público informó que realiza el monitoreo de 64 muertes de mujeres, de las cuales 33 han sido tipificadas como feminicidio y 31 están en investigación.
LINK ORIGINAL: La Republica

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