Lapatilla junio 22 2026, 7:35 amPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Venezuela camina sobre una de las mayores reservas de gas natural del planeta; sin embargo, su población vive condenada al atraso energético. El colapso del sistema de gas doméstico no constituye un accidente geográfico ni un imprevisto técnico, sino que es el resultado directo de un modelo político que priorizó la opacidad y el saqueo sobre el desarrollo humano. De este modo, la promesa de llevar gas directo a cada hogar venezolano se convirtió en uno de los monumentos a la corrupción y la desinversión más costosos de nuestra historia contemporánea. Este desfalco generalizado comenzó amparado bajo nombres rimbombantes. El Plan de Gasificación Nacional, concebido en 2005 bajo el ala del “Plan Siembra Petrolera”, proyectaba una inversión que superaba los 16.000 millones de dólares. La meta era categórica: sepultar el calvario de las bombonas y conectar al país a una red moderna de tuberías. No obstante, dos décadas después la realidad es demoledora, pues apenas un 7% de la población cuenta con gas directo. Mientras tanto, el resto del país depende de mafias de distribución o del mercado privado para financiar las acometidas que la estatal PDVSA dejó a medias. Venezuela atraviesa un plan de TRES FASES, déjanos tu correo y te actualizaremos al momento Esta historia de abandono se repite mar adentro con el Proyecto Mariscal Sucre y el Complejo Gran Mariscal de Ayacucho (CIMA). Ambas iniciativas recibieron miles de millones de dólares para extraer la riqueza de los campos Dragón, Patao, Mejillones y Río Caribe; hoy, la infraestructura costera de Güiria es un testigo mudo del deterioro. Mientras el Estado negocia licencias internacionales para exportar ese gas debido a su urgencia de divisas, las cocinas del oriente venezolano siguen apagadas. Esto demuestra que el recurso no beneficio al ciudadano común, sino que sirvió únicamente como moneda de cambio geopolítica. Asimismo, la soberbia integracionista de la llamada “diplomacia del petróleo” también dejó sus propias ruinas. El Gasoducto Transcaribeño (Antonio Ricaurte) —una obra de 224 kilómetros destinada a consolidar a Venezuela como el gran exportador de la región— terminó en un absurdo histórico: el país con las mayores reservas del continente terminó importando gas de Colombia. Actualmente, esa tubería se encuentra inoperativa, oxidada y requiriendo otra multimillonaria inyección de capital que la nación no posee. Por consiguiente, las pérdidas de la nación no se miden únicamente en balances financieros o en los miles de millones de dólares evaporados en tramas como PDVSA-Cripto. El verdadero costo de este saqueo es, fundamentalmente, humanitario y social. Cuando la corrupción estructural carcomió a PDVSA Gas Comunal —donde redes internas llegaron a desviar y controlar más del 60% de los recursos y de la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP)— se firmó una sentencia de regresión histórica para la familia venezolana. En consecuencia, el dinero que debió destinarse al mantenimiento de complejos vitales, como el Criogénico de José o la planta de Ulé, desapareció en las cuentas opacas de la burocracia estatal. La factura directa de este robo sistemático la pagan hoy los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En pleno siglo XXI, millones de venezolanos han sido empujados a cocinar con leña, lo que destruye su salud respiratoria, deforesta el entorno local y somete el día a día del ciudadano a una dinámica medieval de supervivencia. Mientras los responsables de la administración energética desviaban cargamentos enteros
Fuente: La Patilla — Ver nota original
