Venezuela atraviesa un "nuevo momento político" bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, caracterizado por una apertura económica al capital internacional materializada en acuerdos con grandes transnacionales energéticas y mineras. Los pactos comerciales firmados con empresas como Chevron representan una oportunidad para la recuperación económica en el marco de una transición democrática. Sin embargo, esta estrategia genera expectativas tanto de progreso económico como de profundas preocupaciones sobre cómo se ejecutará esta transición hacia la democracia.
Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, emitió una advertencia crítica sobre los riesgos de que las futuras inversiones sean capturadas por la corrupción sin generar bienestar poblacional ni contribuir a la instauración de un sistema de libertades políticas. La organización señala que "Venezuela presenta una complejidad única en temas de corrupción y captura del Estado que superan a otros casos de la región", evidencia reflejada en que la República Bolivariana ocupa el último lugar en América Latina en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
La ONG destaca una preocupación estructural: en Venezuela coexisten tanto la corrupción tradicional mediante sobornos y nepotismo como la gran corrupción transnacional de carácter estructural, en la cual la legislación e instituciones del Estado se han convertido en instrumentos de impunidad para redes de ilícitos controladas desde altos niveles gubernamentales. Esta realidad institucional representa un obstáculo fundamental para garantizar que las inversiones se realicen en condiciones de transparencia y beneficio colectivo.
Transparencia Venezuela cuestiona que la administración Rodríguez no priorice "reformas institucionales para acabar con la impunidad, garantizar el Estado de Derecho y restituir garantías civiles y políticas", expresando temor de que Venezuela siga la trayectoria de otros países donde se priorizaron los negocios en detrimento de la democracia. La organización exige que las inversiones se desarrollen en marcos claros, transparentes, competitivos y equitativos, sin cláusulas de confidencialidad que impidan el escrutinio público y la participación de los venezolanos en decisiones sobre sus recursos nacionales.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
