Una investigación de las autoridades francesas destapó una red internacional de tráfico ilegal de oro proveniente de Venezuela. El caso comenzó con una conversación en la aplicación Signal entre Felipe Baca, empresario de origen peruano, y Danilo Díazgranados, broker venezolano radicado en Madrid. Los mensajes intercambiados en septiembre de 2022 revelaron un esquema para blanquear «una importante cantidad de dinero en efectivo» que supuestamente se había obtenido por trabajos realizados en Venezuela.
La Autorité des Marchés Financiers (AMF), organismo regulador de mercados en Francia, profundizó en la investigación y descubrió un complejo entramado de corrupción de fondos públicos venezolanos. El esquema involucraba a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental creado para distribuir alimentos básicos entre la población. Los fondos desviados de este programa fueron utilizados en operaciones de tráfico de oro y blanqueo de dinero a través de intermediarios internacionales.
Los documentos analizados por la Policía Nacional española revelan que en julio de 2020, un individuo identificado como Miguel Córdoba envió a Felipe Baca una captura de un correo electrónico dirigido a Rodolfo Reyes, antiguo propietario de Plus Ultra. En ese mensaje, un gerente de la aerolínea Coyne Airways, con base en Londres y operaciones en Dubái, solicitaba presupuesto para transportar entre cinco y ocho toneladas de oro desde Caracas a los Emiratos Árabes Unidos. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha señalado que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una «intervención directa» en operaciones de petróleo, oro, acciones y divisas relacionadas con este caso.
Rodolfo Reyes, propietario de Plus Ultra, fue quien solicitó al abogado Miguel Palomero que abriera «vías políticas» para que la aerolínea obtuviera un rescate de 53 millones de euros que finalmente fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. Para lograr este objetivo, contactaron con Zapatero a través de su presunto testaferro Julio Martínez Martínez, utilizando también la mediación del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta red de influencias políticas permitió a los implicados en el tráfico de oro conectar operaciones ilícitas con decisiones gubernamentales de alto nivel.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
