«Soldados de la represión»: cómo se construyó la maquinaria militar que dio el golpe de 1973

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Este libro no solo recoge en profundidad la historia terrible de esos años, sino que revela los estrechos lazos que unían a quienes representaban los poderes económicos, políticos, militares, que permitieron que nuestra sociedad viviera este largo y cruento periodo de diecisiete años, para luego tener que negociar la llamada «vuelta a la democracia» sin exigir la necesaria justicia, permitiendo que Pinochet continuara como senador designado, acordando en secreto que todavía hoy, pasados más de treinta años, desconocemos. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Esta publicación es fruto de siete años de investigación en todo tipo de fuentes y documentos, lo que permite al autor entregar un impecable tejido de relaciones que culmina en explicar cómo, ya desde antes de los cuarenta, se fue construyendo una estructura que dio existencia a los modos de ejercer la represión desde las fuerzas armadas y el Estado.

«De modo paralelo, el propio proceso de modernización del Estado en materia represiva y la profesionalización de los cuerpos militares y policiales desde la década de 1940, favorecerá el desarrollo de adaptaciones en una serie de dispositivos burocráticos específicos en materia de orden público y contrasubversión del Estado y de las propias FF.AA., que inserta sus raíces históricas en un proceso de mediana duración de desarrollo de la militarización de la función del orden policial, como una manera de contener los despuntes de violencia política del movimiento popular chileno en sus demandas». (pp. 24-25)

La siguiente cita condensa lo ocurrido desde 1938 hasta los 70 y que, de alguna manera pervive hasta hoy: «Desde la llegada del frente Popular al Gobierno en 1938, que inauguró el periodo de los gobiernos radicales (1938-1952), pasando por el retorno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), siguiendo por los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se observa un proceso de institucionalización de los dispositivos de represión estatal y de militarización de la función policial, mediante la integración y modificaciones sucesivas de diversos cuerpos legales y facultades de excepción que se le fueron confiriendo al poder ejecutivo, que se institucionalizó como una práctica estatal de represión y como un recurso político, utilizado por los diversos gobiernos para contener y reprimir la movilización popular». (pp. 26-27)

Cada uno de los seis capítulos refiere a temas que podrían dar origen a nuevos libros; por ejemplo, el capítulo 1, Unas FF.AA. para la contrasubversión: profesionalismo militar anticomunista , muestra con claridad y seguridad cómo se fue estructurando y legitimando este objetivo de «fuerzas armadas para una guerra interior», en este caso, contra el comunismo y las organizaciones populares.

Desde el Estado y también desde la sociedad, se va consolidando una percepción y función de las Fuerzas Armadas como estabilizadoras del sistema político, apoyadas por una legalidad que permitía declarar Zona de Estado de Emergencia (1942), reformada en 1958 por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Las facultades especiales que permitía el recurso de declarar estados de excepción constitucional en estado de emergencia facilitaron que las Fuerzas Armadas fueran percibidas -desde el Estado y desde la sociedad- como un factor de estabilización del sistema político, pudiendo desarrollar planificaciones de seguridad interior a través de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), figura burocrática que permitió a inicios del 73 en el marco de la aplicación de la Ley de Control de Armas y Explosivos aprobada en octubre de 1972, realizar cientos de allanamientos de poblaciones populares en busca de armas y/o supuestos focos de subversión, copar el territorio, suspender determinadas libertades -incluso derechos constitucionales-, etc.

Así, el propio golpe del 11 de septiembre de 1973 y la represión desatada con posterioridad, fue posible por la creación de esta estructura que se ordenó mediante subdivisiones del territorio, asignadas a las ramas de las Fuerzas Armadas, en una proporción mayoritaria al Ejército. Desde allí fue posible el accionar de la «Caravana de la Muerte» y la creación de la DINA, obra del coronel Manuel Contreras, legalizada como tal en noviembre de 1973. La FACH creó la Compañía de Contrainsurgencias para operar contra la población nacional.

En la siguiente cita el autor explica qué buscaba con tan extensa investigación condensada en este volumen, que debería ser profusamente difundido y estar presente en todas las bibliotecas públicas como parte de la imprescindible memoria histórica de todo país y sus habitantes:

«Finalmente, busco con este libro entregar elementos de fondo para cuestionar los argumentos negacionistas que han instalado la imagen de que la represión en Chile solo fue el resultado de excesos de mandos intermedios, carentes de responsabilidad institucional y que operaron a espaldas de la Junta Militar de Gobierno. Por el contrario, la subdivisión del territorio en CAJSI establece una relación institucional con los diversos mandos de las FF.AA. en la jurisdicción bajo su control, con una amplia colaboración de civiles que participaron en las redes de delación y en algunos casos, activamente, en la perpetración de delitos de lesa humanidad como fueron los casos de civiles que participaron en los operativos rurales y los que se incorporaron a los servicios de inteligencia como la DINA y el Comando Conjunto». (p. 38)

Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y otros acontecimientos similares tanto en Europa como en Estados Unidos las fuerzas armadas, servicios de inteligencia, equipos de logística, estructuras políticas y partidos fueron generando teorías y prácticas orientadas al control y la represión interna, de acuerdo con las realidades contextuales. Latinoamérica fue un espacio en el que se aplicaron y probaron, con un sello reconocible, como las dictaduras militares que asolaron nuestros países, en estrecha colaboración con los poderes de las derechas políticas y económicas, las que también realizaron numerosas acciones de terrorismo político.

Las elecciones en que Salvador Allende ganó la presidencia hicieron que el presidente de Estados Unidos, Nixon en esos años, solicitara «una estrategia contraofensiva de inteligencia abocada a estudiar todas las acciones posibles para impedir la llegada de Allende a la presidencia, entre ellas, un ‘golpe de Estado preventivo’». (…) «En reunión de emergencia del 15 de septiembre convocada por el presidente Nixon (…) dio la orden explícita a la CIA de construir diversos escenarios para impedir la investidura de Allende el 4 de noviembre o promover su derrocamiento una vez electo». (p. 200)

Y así se fue construyendo el pavimento que permitió llegar al sangriento derrocamiento de un presidente elegido democráticamente y al encarcelamiento, asesinato, desaparición, tortura, exilio de miles de compatriotas, hombres, mujeres y niños, en los años posteriores al golpe. Entre algunos de los momentos cruciales previos a la asunción de la presidencia el 4 de noviembre, el atentado contra el general René Schneider el 22 de octubre de 1970 y quien falleció el 25 de octubre, uno de los muchos efectos del trabajo conjunto entre la CIA, militares, carabineros…

A pesar del complejo panorama y del sinnúmero de problemas que vivía la población por múltiples causas, la mayoría de ellos cuidadosamente generados para contribuir al derrocamiento del gobierno, las elecciones del 4 de marzo de 1973 adjudicaron un 43,39% a la UP, mostrando una alta adhesión, a pesar de todo.

En la página 361, el autor afirma que la dictadura chilena puede evaluarse desde tres ámbitos: «(…) la relación entre el poder judicial y la Junta Militar, sobre todo de la omisión y subordinación del poder judicial a la acción de los Tribunales Militares bajo la ficción jurídica del estado de sitio entendido como estado en ‘Tiempo de Guerra’. Esta subordinación quedará consolidada cuando, a mediados de septiembre, la Junta señale que los delitos cometidos bajo estado de sitio no constituyen espacio de jurisdicción de los tribunales de la justicia civil, sino que de los tribunales militares. (…) Finalmente, desde el imaginario contrasubversivo de la oficialidad militar, se construyó una representación específica del enemigo a combatir que implicaba un doble esfuerzo por convencer a las propias filas del escenario de guerra no convencional a desarrollar en contra del marxismo y, a la vez, un esfuerzo hacia la población civil por instalar la necesidad de la acción restauradora de la Junta Militar».

Luego, el golpe se irá legalizando mediante bandos militares y decretos leyes. La Junta Militar disolvió el Congreso y los partidos políticos dictando bandos militares y para continuar en este proceso de legalización y validación, contó con dos grandes apoyos: el Contralor General de la República, Héctor Humeres Magnan, y el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia. Ambos manifestaron su total apoyo al golpe y su cooperación en todos los ámbitos que les competían. La inmensa mayoría de los gremios y organizaciones empresariales, colegios profesionales cesaron sus protestas y ofrecieron apoyo sin condiciones.

El capítulo final, La DINA: una policía secreta al servicio de Augusto Pinochet , incluye una descripción de los numerosos cuarteles de la represión y lo que en ellos se llevaba a cabo en total impunidad, con la anuencia de militares y la derecha económica y política. La última cita condensa el rol de la DINA:

«En lo práctico, esta relación implicó que la DINA no solo se transformó en un ejército clandestino contra la subversión, sino que también en una policía política que extendió el conjunto de sus redes en diversos ámbitos de la administración del Estado y de la seguridad nacional, llevando la guerra contra la subversión hasta las últimas consecuencias: la detención, tortura ejecución y desaparición de miles de ciudadanos chilenos considerados como enemigos del Estado». (p. 581)

Este libro no solo recoge en profundidad la historia terrible de esos años, sino que revela los estrechos lazos que unían a quienes representaban los poderes económicos, políticos, militares, que permitieron que nuestra sociedad viviera este largo y cruento periodo de diecisiete años, para luego tener que negociar la llamada «vuelta a la democracia» sin exigir la necesaria justicia, permitiendo que Pinochet continuara como senador designado, acordando en secreto que todavía hoy, pasados más de treinta años, desconocemos.

Habiendo leído mucho sobre este tema, como la mayoría de quienes vivieron esos años desde el exilio o en el país, ambos grupos heridos y desarraigados de sus proyectos de vida, este libro me emociona y me sobrecoge especialmente por su macicez, por estar escrito por un joven investigador -historiador y sociólogo- que ha persistido en recoger y hurgar en las memorias individuales y colectivas, orales y escritas, anudando con éxito esos hilos que parecían perdidos y que dan sentido a la comprensión, a la reflexión, a los pensamientos que van y vuelven sobre ciertos hechos, mientras persiguen de manera incansable mejores interpretaciones y respuestas.

Sin duda, los países que han sufrido dictaduras deben intencionar los esfuerzos de recopilación de memoria histórica y su comprensión, de manera que la ciudadanía de cualquier tiempo tenga la posibilidad de acceder a información real y veraz sobre acontecimientos que marcaron a varias generaciones, especialmente cuando la justicia y la reparación no se han aplicado con la rigurosidad requerida por la sociedad en su conjunto y las familias afectadas.

Ficha técnica

Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Colección Historia, marzo 2022, 614 páginas

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