Sindicalista denuncia amenazas contra extrabajadores de Pdvsa

El dirigente sindical Iván Freites Chirino, secretario general del Sutpgef y miembro de la Junta organizadora de Fetraenergía, denunció públicamente a través de sus redes sociales la represión contra extrabajadores de Pdvsa que acudieron pacíficamente a la sede principal de la estatal petrolera ubicada en La Campiña, Caracas. El grupo de trabajadores despedidos por razones políticas se presentó el lunes 25 de mayo para exigir el cumplimiento de las órdenes de reenganche emitidas por las Inspectorías del Trabajo, decisiones legales que hasta el momento no han sido ejecutadas.

Según el relato de Freites, los exempleados petroleros no fueron recibidos con disposición al diálogo ni con intención de aplicar justicia. Por el contrario, encontraron la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones de las instalaciones, así como amenazas directas y advertencias de detención. El dirigente sindical condenó enfáticamente la persecución sistemática contra estos trabajadores y exigió al Estado el cumplimiento inmediato de las decisiones legales que ordenan su reenganche en la empresa estatal.

La situación de estos trabajadores viene de larga data. El 24 de marzo pasado, un grupo de más de 50 extrabajadores de Pdvsa entregó un documento formal al Ministerio del Trabajo denunciando los despidos injustificados y la violación sostenida de leyes y la Constitución. Aldrem Luzardo, vocero del colectivo, señaló que se habla de más de 15 años de despidos continuos sin justificación legal y cuestionó por qué no se podía permitir el reenganche de trabajadores que contribuyeron al desarrollo del país.

De acuerdo con la información proporcionada, la magnitud del problema es considerable. Luzardo indicó que aproximadamente seis mil trabajadores de la industria petrolera se encuentran afectados por estas medidas de despido, aunque enfatizó que algunos de ellos cuentan con órdenes de reenganche dictadas por distintas Inspectorías del Trabajo. La falta de cumplimiento de estas órdenes judiciales evidencia, según los denunciantes, una violación sistemática de derechos laborales y constitucionales en la estatal petrolera.

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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