En Venezuela cambió el poder pero no las necesidades de la población. Mientras los países receptores cierran sus puertas en medio del crecimiento de una falsa premisa de normalización, el sistema internacional se queda sin recursos: el Plan de Respuesta para refugiados de Venezuela apenas ha recaudado 10,2% de sus fondos Autoras: María de los Ángeles Graterol | Luna Perdomo La detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero abrió un supuesto “nuevo momento político” para Venezuela, pero no borró las razones del éxodo. La figura del refugiado venezolano sigue tan vigente como antes. Aunque los matices de la crisis cambiaron respecto a los años en que miles cruzaban a pie y a diario las fronteras de la región, las causas estructurales del desplazamiento de más de ocho millones de personas permanecen intactas; no es casualidad que todavía al menos 40% de los jóvenes en el país contemple la idea de irse. Porque la realidad es que «cambió quien está encargado del gobierno (…) un poco el contexto político, sin decir que realmente ha cambiado la situación en Venezuela”, explica la vicepresidenta para el Programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Maureen Meyer. Y es que en el país todavía existen más de 400 presos políticos, “se continúan registrando violaciones graves de derechos humanos» y aún no existe una fecha para nuevas elecciones presidenciales «que pueda llevar a una transición democrática». El contraste es evidente: los inversores extranjeros están retornando, la producción petrolera sube mes a mes y hay un alivio de las sanciones económicas, pero ese flujo no ha permeado en las finanzas del hogar promedio venezolano, que se sigue enfrentando a la inseguridad alimentaria severa o moderada, que implica reducciones en la cantidad de alimentos que comen o quedarse sin comida. Esta radiografía, así como la apreciación de la representante de WOLA, coincide con una encuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), publicada en abril de este año, que señala que 35% de los venezolanos consultados indicó una posible intención de regresar a su país y que 9% podría considerarlo para dentro de un año. «Casi dos tercios de las personas encuestadas no tienen actualmente intención de regresar. El deseo de volver a conectar con familiares en Venezuela está condicionado por factores socioeconómicos y políticos, entre ellos, la recuperación del mercado laboral en el país, condiciones de seguridad y la disponibilidad de servicios básicos fiables», expone el informe de Acnur. La cifras que exponen las vulnerabilidades, sin embargo, no parecen estar moviendo la percepción de una comunidad internacional que pareciera voltea la mirada ante las urgencias de los venezolanos. Y justamente esa mirada contraria que apunta hacia una supuesta mejora en Venezuela preocupa a las organizaciones. ¿La razón? Es un elemento adicional sumado a la reducción de 30% en la financiación de los donantes en 2025, arrastrada por los recortes de los proyectos financiados por Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). Los efectos de este recorte financiero ya eran visibles desde mayo del año pasado, cuando la Organización Internacional para las Migraciones informó del despido de 6.000 de sus empleados en Ginebra y la paralización de proyectos; una tijera que terminó golpeando también a cientos de organizaciones de apoyo al migrante en toda la región. «Nos preocupa la respuesta internacional que ellos vean eso y digan: ‘Ah, bueno, no hay que proveer más financiamiento o más apoyo porque las cosas han cambiado en Venezuela’”, cuenta Rachel Smichkte, defensora principal para América Latina de la organización humanitaria Refugiados Internacionales. La especialista advierte también que «en muchos países se redujo mucho la asistencia humanitaria» y los mecanismos de regularización que beneficiaron a las primeras olas migra
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
