Durante la última audiencia del caso Pdvsa-Cripto, el empresario Samark López realizó denuncias sobre presuntas presiones, agresiones y manipulaciones relacionadas con su detención y proceso judicial en Venezuela. El exfiscal Zair Mundaray informó a través de sus redes sociales sobre los detalles de estas declaraciones, señalando que los controles de seguridad para ingresar a la sala incluyeron revisiones corporales extremas a los asistentes masculinos. Gran parte de la audiencia se concentró en exposiciones de López sobre su trayectoria empresarial y las condiciones que enfrentó durante su cautiverio.
Según el testimonio documentado por Mundaray, López afirmó que fue obligado a grabar videos contra el exministro Tareck El Aissami como parte de presiones ejercidas en su contra. El empresario también denunció intentos de presionarlo para vincular tanto a El Aissami como a Diosdado Cabello con supuestas conspiraciones contra Nicolás Maduro. Estas alegaciones revelan una estrategia que habría buscado obtener confesiones forzadas e involucraciones de personajes políticos de alto nivel en tramas conspirativas.
En sus declaraciones, López también denunció presuntos malos tratos físicos durante su proceso de detención. Manifestó que el entonces fiscal general Tarek William Saab lo visitó en varias oportunidades mientras permanecía encarcelado, lo cual ha generado cuestionamientos sobre el manejo del caso. Adicionalmente, reclamó la confiscación de bienes personales de su propiedad, incluyendo una finca que según sus argumentos fue convertida posteriormente en una posada por las autoridades.
El exfiscal Mundaray cuestionó el desarrollo del interrogatorio realizado por el Ministerio Público durante la audiencia, asegurando que no se profundizó en los hechos concretos relacionados con la trama Pdvsa-Cripto. Criticó que las preguntas estuvieron orientadas principalmente a desvincular a López de responsabilidades dentro del caso, en lugar de esclarecer los detalles técnicos y financieros de las operaciones criminales investigadas. Este análisis sugiere un manejo selectivo del proceso judicial que podría comprometer la integridad de la investigación.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
