Jorge Rodríguez reconoció este jueves graves errores en la política de asignación de fincas productivas en Apure, estado llanero fronterizo con Colombia. Durante un acto público, el diputado y hermano de Delcy Rodríguez admitió que todos los fundos propiedad del Gobierno entregados en esa región fueron destrozados por sus beneficiarios, a quienes calificó como "ladrones irresponsables". Con un lenguaje crudo, describió el colapso de la ganadería: "El ganado que no se comieron, se lo robaron; y el que no se lo robaron, lo vendieron; y el que no lo vendieron, se les murió".
Frente a este panorama desolador, Rodríguez prometió para la segunda mitad de junio la creación de una nueva ley de protección de la actividad ganadera que reemplace la normativa de 1997. Este reconocimiento público marca un punto de quiebre en la evaluación oficial sobre las políticas agrarias implementadas durante más de dos décadas de gobierno revolucionario, evidenciando el colapso de un modelo que pretendía redistribuir tierras entre productores.
Desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001, impulsada por Hugo Chávez, el Estado entregó más de 446.000 títulos de adjudicación que suman más de 14 millones de hectáreas en todo el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Cedice Libertad han documentado que esta normativa fue aplicada como "instrumento ideológico y discrecional", generando inseguridad jurídica, menor inversión, caída de la producción y criminalización de productores. La ONG Acceso a la Justicia señala que estas leyes "crearon vías expresas para las expropiaciones".
El impacto de estas políticas también afectó a ciudadanos extranjeros. Según datos del Consulado General de España en Caracas, las autoridades venezolanas expropiaron hasta 2013 un total de 106 fincas agrarias y 46 urbanas e industriales a españoles. Este reconocimiento de Rodríguez ocurre en un contexto de cambios políticos en Venezuela, donde se habla de un "nuevo momento" caracterizado por reformas que expertos interpretan como el desmantelamiento del legado chavista.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
