Desde diciembre de 2025 el Ejecutivo venezolano había anunciado su decisión de apartarse de la Corte Penal Internacional (CPI) por la «instrumentalización de la justicia internacional» que, aseguran, ha funcionado contra el país por la investigación de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la medida no afecta las investigaciones en curso por torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual El 24 de julio pasado, el canciller Félix Plasencia informó sobre la decisión del Ejecutivo de denunciar el Estatuto de Roma y, por tanto, «iniciar su retiro definitivo de la CPI». La decisión, aseguró el funcionario, obedece al «sesgo geográfico» sobre países como Venezuela y una justicia internacional «instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía». Las denuncias de Venezuela al respecto no son nuevas. En diversos documentos y espacios, el Ejecutivo venezolano ha verbalizado dicha «instrumentalización» para desechar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que, tanto víctimas, sociedad civil y organizaciones, han señalado a lo largo de los años. En 2018 seis Estados parte introdujeron una petición para que se evaluara la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan (recientemente destituido por denuncias de abuso sexual), informó sobre el inicio de una investigación al respecto. En ese entonces, Khan también anunció un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro –basado en el principio de complementariedad– para «reformar y revitalizar el sistema penal y de justicia», esto con el objetivo de establecer «una rendición de cuentas genuina en Venezuela a favor de las víctimas de presuntos crímenes». *Lea también: Misión de Determinación insta al gobierno venezolano a reconsiderar su salida de la CPI Bajo ese enfoque, en junio de 2023 se firmó un nuevo memorando de cooperación –que no es público– y se estableció la creación de una oficina de la Fiscalía en Caracas sin facultades de investigación, a diferencia de la creada en Ucrania, y que fue cerrada en diciembre del año pasado. En todo caso, ¿la decisión de la administración de Delcy Rodríguez frena la investigación dentro de la CPI? La respuesta es que no. El Estatuto de Roma, el instrumento que creó y rige el trabajo de la Corte, establece en su artículo 127 que una vez denunciado el Estatuto al secretario general de Naciones Unidas debe transcurrir un año para que se haga efectiva. Sin embargo, esto no exonera a los Estados parte –en este caso a Venezuela– de las obligaciones contraídas antes de esa denuncia. Es decir, ni los exámenes, investigaciones o enjuiciamientos penales así como las obligaciones financieras se disuelven. Sobre Venezuela se investigan en particular denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual contra decenas de personas en un contexto de persecución política. El pasado 28 de mayo, en un encuentro con medios nacionales, el vicefiscal adjunto Mame Mandiaye Niang dijo que la investigación «sigue avanzando satisfactoriamente», a un ritmo pleno «y con total dedicación». Asimismo, el vicefiscal reconoció las expectativas de los denunciantes, oenegés y sociedad civil sobre los avances de la investigación, pero señaló que aunque los procesos pueden parecer lentos «y en la mayoría de los casos no son visibles para el público, la lentitud no es un signo de fracaso». «Es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada», dijo el funcionario de la CPI. Tras el anuncio hecho por el canciller Plasencia, la Corte dijo que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera «apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves». ¿La nueva relación con Estados Unidos puede tener que ver en la decisión? Posiblemente. Estados
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
