Activistas venezolanos de derechos humanos advierten que el régimen avanza en un proyecto de ley para incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una maniobra que interpretan como un intento de Delcy Rodríguez para consolidar su poder tras la caída de Nicolás Maduro. El plan contempla nombramientos controlados por la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la nueva cabeza del régimen, en un esquema que vulneraría la independencia judicial.
El proyecto de ley presenta la medida como estratégica para fortalecer la seguridad jurídica y acelerar la resolución de causas. Sin embargo, establece que la designación de los nuevos magistrados y suplentes será competencia soberana de la Asamblea Nacional, organismo controlado por el mismo régimen cuya legitimidad está ampliamente cuestionada. Esta contradicción evidencia que se trata de una operación política para reforzar el control del poder judicial.
Caryslia Rodríguez fue ratificada como presidenta del TSJ el 4 de mayo, cargo que ocupa desde enero de 2024. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y sancionada por Estados Unidos y Canadá, Rodríguez avaló los resultados electorales del 28 de julio de 2024, considerados fraudulentos por la comunidad internacional. Actualmente, ocho magistrados están siendo sustituidos de manera provisional mientras el Comité de Postulaciones Judiciales evalúa candidatos, en un proceso que académicos consideran carente de garantías independientes.
Analistas consultados advierten que la administración Trump vigila de cerca estos movimientos, considerando que no es viable el desarrollo de inversiones extranjeras en Venezuela sin garantías de un poder judicial independiente. El régimen busca un equilibrio entre satisfacer demandas estadounidenses de apertura económica y mantener el control político absoluto, una estrategia que expertos califican como insostenible a largo plazo.
Fuente: NTN24 — Ver nota original
