La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial ha descubierto un contrato entre el banco estatal venezolano Bandes y Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a la trama que la Audiencia Nacional considera dirigida por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El documento, hallado en el sumario de la investigación, revela que el régimen de Nicolás Maduro ofreció un "pelotazo" multimillonario a cambio de recuperar fondos y oro venezolano que estaba bajo control internacional, en un plan que buscaba evitar que Juan Guaidó, entonces presidente legítimo reconocido por el Gobierno español, accediera a estos activos en el extranjero.
Según el contrato descubierto, el entonces vicepresidente ejecutivo de Bandes, Xavier León, ofrecía a la empresa Landside, administrada por Martínez en Islas Vírgenes, una comisión del 8,75% si conseguía recuperar fondos relacionados con toneladas de oro que Venezuela había cedido en 2017 a la firma emiratí Noor Capital a cambio de liquidez. El banco estatal venezolano designaba a Martínez como su representante para llevar a cabo negociaciones con Noor Capital sobre la rescisión y recuperación de los fondos depositados, otorgándole poderes para actuar en nombre y representación del Estado venezolano en estas gestiones internacionales.
La estructura del acuerdo permitía que Bandes pagara al representante designado el 8,75% de los fondos recaudados durante las negociaciones, una vez deducidas las comisiones o gastos incurridos y autorizados previamente. Esta fórmula abría la puerta a que la trama española realizara pagos y sobornos en Abu Dabi y otros centros financieros internacionales, facilitando operaciones de blanqueo de capitales bajo la apariencia de comisiones legítimas por servicios de representación.
El descubrimiento de este contrato forma parte de una investigación más amplia que ha destapado la presunta trama de blanqueo de capitales. La investigación fue activada por la interceptación de comunicaciones a través de Signal y el análisis de operaciones con las cinco toneladas de oro expoliadas a Venezuela, documentación que ha permitido a la justicia española identificar la red de operadores, intermediarios y funcionarios públicos supuestamente involucrados en estas operaciones ilícitas de recuperación de activos.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
