Los inversores internacionales mantienen una postura reticente frente a Venezuela, incluso después de que el gobierno promulgara reformas legislativas orientadas a favorecer a empresas respaldadas por Estados Unidos. Según reportó Reuters, basándose en información de una docena de fuentes conocedoras de las deliberaciones sobre inversiones del sector privado, los esfuerzos del país por atraer capital extranjero en sectores tan diversos como el petrolero, marítimo, farmacéutico y químico han encontrado un obstáculo importante: la desconfianza de los inversionistas respecto al sistema jurídico venezolano.
La principal barrera identificada por los inversores no radica únicamente en la legislación, sino en cuestiones de orden institucional y legal que generan incertidumbre. Seis inversores y seis asesores corporativos coincidieron en señalar que los posibles acuerdos se han estancado debido a preocupaciones sobre la resolución de disputas, la independencia del poder judicial, el historial de expropiaciones, los mecanismos de arbitraje y los controles sobre el flujo de divisas. Un abogado especializado en estas transacciones, quien solicitó anonimato por razones de seguridad, afirmó de manera directa: «En este momento no existe seguridad jurídica. Sigue habiendo riesgos significativos para las empresas que consideran operar en Venezuela».
Más allá de los aspectos legales, la infraestructura física del país representa otro desafío crítico para potenciales inversores. Jesse Cole, presidente de Sky Drop Capital, explicó que los retos actuales van más allá de la legislación, relacionándose fundamentalmente con la logística operativa de hacer negocios en el territorio. Una evaluación realizada por su empresa en el puerto de Guanta reveló deficiencias graves: ausencia de sistemas de refrigeración, suministro eléctrico inestable, escasez crónica de agua y falta de servicios confiables de transporte pesado. Estos problemas reflejan años de negligencia en inversión en infraestructura bajo el anterior régimen.
Esteban Elías, director para Latinoamérica del bufete Leech Tishman, indicó que muchas empresas se encuentran actualmente en una fase inicial de exploración, evaluando si realmente es viable hacer negocios en Venezuela. El abogado subrayó que el historial del país en materia de expropiación de activos extranjeros constituye un motivo adicional de preocupación para los inversionistas internacionales, quienes requieren garantías sólidas sobre la protección de sus inversiones antes de comprometerse con proyectos de largo plazo en territorio venezolano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
