Reformas al control fiscal (2) - EntornoInteligente
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La legislación anterior a la Constitución Política de 1991 consagró un control previo y concomitante que arrojó lamentables resultados debido a una desviación del concepto, pues las contralorías de la época interpretaron ese tipo de control, como una especie de coadministración, de manera que en lugar de ejercer una adecuada fiscalización, los órganos encargados del control terminaron incurriendo en los errores e impropiedades de las entidades objeto del mismo.

Ante esta situación, el Constituyente del 91 dispuso que el control sería posterior, selectivo, de gestión y de resultados. Sin embargo, casi 30 años después, los resultados de este control son deficientes. Según la Contraloría General de la República, hay cerca de 50 billones de pesos entre procesos de responsabilidad fiscal, hallazgos, indagaciones y cobro coactivo con una escasa posibilidad histórica de recuperación de apenas el 3 %.

Otra información de la Contraloría, contenida en la plataforma Océano –centro de información contractual–, enseña que se han revisado cerca de 12 millones de registros, identificando mallas de contratistas que concentran más del 30 % de la administración y comprobando que la contratación directa sigue siendo, de lejos, la fórmula más utilizada para las adjudicaciones. Deudores morosos del Estado con obligaciones cercanas a $72.7 billones siguen celebrando contratos con la administración por $47.7 billones.

Ante este panorama, es indudable que la reforma al control fiscal es inaplazable. La Contraloría ha presentado un proyecto de ley que construye la reforma a partir de los siguientes pilares: (i) Capacidad preventiva en tiempo real, (ii) no coadministración, (iii) el control no puede ser un agente invasor de órbitas de la administración pública, (iv) debe ser ideado y preparado con los servidores de la entidad, y (v) construido bajo el postulado de que debe haber unión de tecnología y ciudadanía para un control integral y objetivo.

Es necesario superar el viejo control previo por un control preventivo que le otorgue a las contralorías una nueva dinámica, necesaria para salir del rezago que ha dejado el actual control posterior y selectivo. Se trata de implementar el ejercicio responsable de anticiparse a los riesgos mediante el fortalecimiento del recurso humano y tecnológico para encarar las modalidades de saqueo al erario público. Labor preventiva de situaciones que den lugar a daños patrimoniales, para evitar, como se da hoy, que haya unos 1.100 proyectos críticos de obras inconclusas y “elefantes blancos”, que representan 8.6 billones de pesos, sin ninguna utilidad pública o social.

Para ser efectiva, la reforma al sistema del control fiscal debe estar acompañada de importantes reformas a la administración de justicia. Es necesario que se actúe hacia la descongestión de los despachos judiciales, lograr la implementación del expediente electrónico y ampliar la cobertura de la administración de justicia. Para atender los conflictos judiciales que se desprendan del control fiscal, es necesario revisar la cantidad y calidad de los jueces. El estándar internacional de la OECD es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, y en Colombia estamos en 11 jueces por cada 100.000 habitantes.

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