El abogado Omar Mora Tosta informó que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo ha redistribuido varias causas hacia tribunales ubicados en el interior de Venezuela, argumentando la necesidad de descongestionar la carga laboral de la jurisdicción caraqueña. Sin embargo, el letrado cuestiona esta medida, señalando que subyace un propósito más profundo: el desmantelamiento de una jurisdicción que nunca debería haber existido en los términos en que fue creada.
Según Mora Tosta, la jurisdicción de terrorismo fue establecida mediante una resolución del Tribunal Supremo de Justicia y no a través de una ley, lo cual viola los principios fundamentales para la creación legítima de tribunales. Esta irregularidad ha configurado, en su criterio, tribunales proscritos internacionalmente cuya única función ha sido juzgar por razones políticas a los ciudadanos procesados, desvirtuando completamente la naturaleza de la justicia penal.
Entre los casos afectados por esta redistribución se encuentran los de Víctor Castillo, Henry Alviárez y Dignora Hernández, quienes inicialmente fueron sometidos a esta jurisdicción especial basándose en imputaciones de terrorismo. Ahora, después de dos o tres años de procedimiento, el abogado constata que estos tribunales declinan la competencia, reconociendo indirectamente que las causas carecen de fundamento como delitos terroristas y pretenden juzgar a los acusados por delitos comunes.
Mora Tosta sostiene que la única solución legal viable ante esta situación es declarar la nulidad absoluta de todas las causas procesadas bajo esta jurisdicción viciada. El letrado enfatiza que este cambio de criterio demuestra la fragilidad de un sistema creado con propósitos políticos, no legales, y que mantener procedimientos iniciados bajo argumentos falsos constituye una violación grave de los derechos procesales de los imputados.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
