Gustavo González López fue designado este miércoles como nuevo ministro de Defensa de Venezuela, sustituyendo a Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo durante 12 años. El anuncio generó inmediata preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos, que calificaron el nombramiento como un "reciclaje de impunidad". González López es un militar sancionado por múltiples países por acusaciones relacionadas con corrupción y graves violaciones a los derechos humanos durante su carrera en organismos de seguridad del Estado.
En su trayectoria militar, González López ha ocupado posiciones clave en aparatos represivos venezolanos. Fue director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos períodos: entre 2014 y 2018, y nuevamente entre 2019 y 2024. También se desempeñó como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Más recientemente, tras el ascenso de Rodríguez a la presidencia temporal en enero, González López fue nombrado ministro de Interior entre 2015 y 2016, cargo que mantuvo simultáneamente con su puesto en el Sebin.
Las sanciones internacionales contra González López reflejan la gravedad de las acusaciones en su contra. En 2015, la administración Obama lo sancionó personalmente por ser "responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos". La Unión Europea también lo sancionó, citando que durante su gestión en el Sebin, "funcionarios bajo su autoridad máxima cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide".
Organizaciones de derechos humanos advierten que este nombramiento representa un retroceso para la posibilidad de una transición democrática en Venezuela. Juanita Gobertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, señaló que designarlo ministro de Defensa "implica mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por gravísimas violaciones de Derechos Humanos". Rafael Uzcátegui, codirector de Laboratorio de Paz, coincidió en que el nombramiento es "una terrible señal para la posibilidad de una transición a la democracia, un espaldarazo a la impunidad", añadiendo que no había "un candidato peor o con más acusaciones encima de violaciones de derechos humanos".
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
