Fuente de la imagen, Getty Images Título del autor, BBC News Mundo19 marzo 2026Tiempo de lectura: 8 minUn "reciclaje de impunidad". Así calificó la ONG Provea la designación del nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien llevaba en el cargo 12 años. El anuncio se hizo este miércoles y para las organizaciones de derechos humanos enseguida se prendieron las alarmas debido al historial de este militar sancionado por varios países por acusaciones relacionadas con corrupción y violaciones de los derechos humanos. Tras el ascenso de Rodríguez a la presidencia temporal en enero, González López fue nombrado jefe de la Guardia de Honor Presidencial, así como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Donde más tiempo estuvo al frente de la Inteligencia nacional como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos ocasiones: entre 2014 y 2018; y entre 2019 y 2024. En 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, es sancionado de modo personal por Estados Unidos como "responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos". La reacción de Nicolás Maduro fue nombrarlo ministro de Interior, "para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional". En ese cargo estuvo entre 2015 y 2016, sin dejar su puesto en el Sebin. Y es precisamente por su actuación en ese cuerpo de seguridad que recibe sanciones de la Unión Europea ya que, según la entidad, durante su gestión, "funcionarios bajo su autoridad máxima cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide". Final de Más leídas Como explica a BBC Mundo la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, "designarlo ministro de Defensa, en la práctica implica mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por gravísimas violaciones de Derechos Humanos, incluidas tortura o detenciones arbitrarias". Por su parte, el venezolano Rafael Uzcátegui, codirector de Laboratorio de Paz, apuntó a BBC Mundo que el nombramiento de González López es "una terrible señal para posibilidad de una transición a la democracia, un espaldarazo a la impunidad" ya que, asegura, no había "un candidato peor o con más acusaciones encima de violaciones de derechos humanos". "Es el funcionario sobre el que hay más evidencia en graves crímenes contra la humanidad", destaca Uzcátegui. Dentro del historial de González López hay tres hitos que destacan y por los que ha sido cuestionado o sancionado. Fuente de la imagen, Reuters ImprobableEl nuevo podcast de BBC Mundo sobre un amor que triunfó contra todo pronóstico Episodios Fin de Podcast La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) fue la propuesta de mano dura del gobierno de Nicolás Maduro en 2015 contra uno de los principales problemas de Venezuela en ese momento: la violencia. Supuso un despliegue de fuerzas especiales y militares que incluye una toma temporal de zonas concretas de varias localidades del país, con especial foco en Caracas. Para ese momento, la capital era la ciudad con más asesinatos del mundo, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Nunca hubo ningún documento oficial y público que detallara su metodología ni sus metas, denuncian las organizaciones de derechos humanos. Y la OLP golpeó especialmente en los barrios más pobres, los más violentos, allí donde la presencia del Estado es escasa y donde los policías son el enemigo de las bandas. Para ese entonces, según las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 2,6 agentes morían cada semana sólo en Caracas. La OLP tenía una metodología de acción bien definida, de acuerdo con los relatos que en su momento dieron los familiares de las víctima
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