La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó la propuesta del Parlamento venezolano de aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que la reforma no aborda el problema fundamental del sistema judicial. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, afirmó que el TSJ no requiere más jueces, sino que los actuales actúen con independencia real frente a las influencias del régimen. La organización enfatizó que cualquier reforma judicial debe estar fundamentada en la Constitución y no en decisiones discrecionales del gobierno.
Alvarado criticó duramente las prácticas actuales del sistema judicial venezolano, señalando que los jueces deben decidir con base en el derecho y las pruebas presentadas, sin consultar a superiores ni recibir influencias de terceros. Destacó que la independencia de los tribunales es una condición mínima para garantizar justicia y que los magistrados deben ser designados mediante concursos públicos que aseguren la estabilidad judicial. El coordinador de Provea insistió en que el debido proceso y el derecho a la defensa, ambos consagrados constitucionalmente, deben ser respetados en todas las decisiones judiciales.
El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto que busca aumentar los magistrados del TSJ de 20 a 32, con lo que la Sala Constitucional tendría siete jueces en lugar de cinco, mientras que las otras cinco salas contarían con cinco magistrados cada una. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, argumentó que la reforma responde a un "interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia", aunque la iniciativa aún requiere una segunda votación para entrar en vigor. Esta propuesta coincide con un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones en la corte suprema.
La diputada opositora Tomás Guanipa protestó por la falta de tiempo para revisar el proyecto legislativo, recibido poco más de una hora antes de la sesión, y demandó una discusión más amplia y consensuada sobre la reforma judicial. El bloque parlamentario Libertad cuestionó que un tema de tal importancia para el sistema de justicia venezolano sea tratado de forma apresurada, sin permitir el análisis profundo que requiere. Esta controversia refleja las divisiones políticas profundas sobre cómo modernizar un sistema judicial que enfrenta problemas persistentes como el retardo procesal y la corrupción.
Fuente: Infobae — Ver nota original
