La organización de derechos humanos Provea denunció que el gobierno venezolano autorizó el sobrevuelo de helicópteros militares estadounidenses en territorio nacional, calificando esta acción como una flagrante cesión de soberanía. Los ejercicios de evacuación fueron realizados por el Comando Sur de Estados Unidos en las instalaciones de su embajada en Caracas el pasado sábado. El despliegue incluyó aeronaves Bell Boeing V-22 Osprey con personal militar a bordo, así como equipos de bomberos y ambulancias estadounidenses en suelo venezolano.
Según Provea, esta autorización viola directamente el artículo 187, numeral 11 de la Constitución Nacional, que establece que solo la Asamblea Nacional puede autorizar el ingreso de tropas militares extranjeras al territorio. La organización defensora de derechos humanos enfatizó que esta decisión representa un claro desacato a los marcos legales que protegen la integridad territorial de la República. La acción constituye un precedente preocupante para la soberanía nacional en materia de política exterior y seguridad.
Provea enmarca esta decisión dentro de un patrón más amplio de política exterior que favorece intereses transnacionales sobre las demandas fundamentales de los venezolanos. La organización critica que el actual gobierno ha priorizado satisfacer demandas externas en lugar de atender necesidades internas relacionadas con democracia, justicia y calidad de vida. También señaló la aprobación acelerada de leyes de minas e hidrocarburos destinadas a facilitar inversión extranjera, reflejando el interés estadounidense en los recursos petroleros y auríferos del país.
Esta denuncia forma parte de un análisis más amplio sobre el nuevo momento político caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos bilaterales entre Venezuela, Estados Unidos y empresas transnacionales. Provea advierte que estas políticas priorizan intereses externos sobre las necesidades fundamentales de la población venezolana. La organización continúa monitoreando cómo estas decisiones impactan en la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
