El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.101 protestas en septiembre de 2026, de las cuales 531 estuvieron directamente vinculadas con interrupciones del servicio eléctrico y otros reclamos sobre el sistema de energía. Esta cifra refleja el creciente descontento de la población ante la crisis energética que enfrenta el país desde hace más de una década.
El Gobierno chavista ha responsabilizado las fallas del sistema eléctrico a las sanciones internacionales, factores climáticos adversos y presuntos sabotajes. Sin embargo, la oposición y especialistas atribuyen la crisis a casos de corrupción generalizada y a la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura eléctrica nacional.
Hace una semana, el funcionario Rodríguez afirmó que el alivio a la crisis energética llegará próximamente, mientras cuestionaba públicamente la quema de neumáticos durante las manifestaciones de protesta. Estas declaraciones llegan en medio de la tensión social generada por los prolongados apagones que afectan a la población.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico. Esta iniciativa busca abrir espacios a la inversión privada en un sector gravemente afectado por apagones y que requiere de importantes inyecciones de capital.
El diputado chavista Pedro Carreño solicitó la postergación de la discusión argumentando razones parlamentarias. Esta decisión ha generado críticas adicionales sobre la capacidad del Gobierno para abordar la crisis energética de manera efectiva y oportuna.
Las manifestaciones continuarán siendo monitoreadas mientras el Gobierno y la oposición mantienen sus posiciones encontradas sobre las causas y soluciones de la crisis eléctrica que afecta profundamente a millones de ciudadanos venezolanos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original