05 Jul, 2026 08:34 a. m. ESTGuardarEl debate sobre la actuación militar ante el desastre. (REUTERS/Maxwell Briceno)El terremoto suele medir la resistencia de los edificios. Pero, en países políticamente tensos, también mide la resistencia de las instituciones. Venezuela lo comprobó tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio de 2026, una emergencia que obligó a declarar el estado de emergencia nacional y que dejó al descubierto una pregunta central: ¿la respuesta del Estado estuvo orientada, ante todo, a salvar vidas o a preservar el control político?El profesor e investigador Rodrigo Mijares, articulista de los Papeles del Crem, magíster en Gestión de Logística del Instituto Politécnico de las Fuerzas Armadas de Venezuela, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar e investigador invitado del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, plantea que la discusión central no se limita al número de efectivos desplegados, sino al tipo de Estado que se hizo visible cuando la ciudadanía necesitaba protección, coordinación y presencia inmediata.PUBLICIDADEl profesor e investigador Rodrigo Mijares interviene en una presentación académica, con auriculares y vestimenta formal.La tragedia venezolana, sostiene el investigador, permite formular una hipótesis incómoda: en sistemas donde las fuerzas armadas son pilar central del poder político, la gestión de desastres puede quedar condicionada por la preservación del régimen. Y cuando esa sospecha aparece en medio del dolor, también se convierte en parte de la catástrofe.Por ello ubica el debate en una dimensión institucional: en sistemas políticos altamente centralizados, la respuesta ante una catástrofe puede quedar condicionada por la preservación del régimen antes que por la protección directa del ciudadano.PUBLICIDADLos reportes humanitarios difundidos en los días posteriores describieron una crisis humanitaria de gran magnitud: miles de personas afectadas
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