El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) ha presentado un anteproyecto de Ley Orgánica de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada en Venezuela. Esta iniciativa legal busca reivindicar los derechos de ciudadanos que sufrieron el despojo de sus bienes por parte del Estado durante el régimen chavista. El planteamiento se enfoca en dos objetivos fundamentales: restituir los derechos de propiedad que fueron violados por el Estado venezolano y establecer vías concretas para hacer efectiva esa restitución, impidiendo al mismo tiempo nuevas violaciones a estos derechos.
Según datos del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, solo entre 2005 y 2014 se cometieron alrededor de 2.740 violaciones a los derechos de propiedad privada, fundamentalmente a través de actos del Ejecutivo nacional como decretos de expropiación, ocupaciones temporales e intervenciones. Estas acciones han generado no solo pérdidas materiales y daños morales a las víctimas, sino que han contribuido a la desconfianza e improductividad económica del país, explicando en gran medida la disminución y cese de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras.
El anteproyecto de ley consta de seis capítulos y 21 artículos, con medidas específicas para el restablecimiento y reparación de los afectados. Entre las disposiciones más importantes destaca la devolución de bienes de propiedad privada a sus legítimos dueños o sucesores, así como el pago en moneda de circulación nacional de reparaciones por daño material y moral, calculado según el precio de mercado y ajustado por inflación. La iniciativa también contempla el otorgamiento de exenciones tributarias por tiempo determinado para facilitar la reactivación de actividades económicas afectadas por el Estado.
Para los casos donde solo proceda reparación dineraria, la propuesta incluye la posibilidad de pago mediante adjudicación directa de bonos de deuda pública u otros títulos valores emitidos por la República. Esta ley representa un esfuerzo por establecer mecanismos legales que garanticen la protección de la propiedad privada y que permitan reparar los daños ocasionados durante décadas de intervención estatal en la economía venezolana.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
