Lapatilla junio 10 2026, 11:28 amPosteado en: Actualidad, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Ante el inicio de la temporada de lluvias en el país, el movimiento Primero Justicia fijó posición para enfatizar que las pérdidas materiales y humanas generadas por las precipitaciones son eventos previsibles y prevenibles si se aplican políticas públicas eficientes. Venezuela atraviesa un plan de TRES FASES, déjanos tu correo y te actualizaremos al momento La organización política señaló que la vulnerabilidad actual del territorio exige un cambio urgente de modelo que priorice la planificación urbana, el cumplimiento de la ley y el resguardo de las familias venezolanas. Alicia Figueroa, secretaria nacional de Seguridad Ciudadana de Primero Justicia, recordó que las políticas de prevención y mitigación de riesgos no son discrecionales, sino que fundamentan su obligatoriedad en el marco jurídico nacional que incluye la Constitución, la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres, y la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. “Existe una responsabilidad directa y constitucional de quienes ocupan el poder en sus distintos niveles —especialmente en las gobernaciones y alcaldías— de diseñar y ejecutar directrices estratégicas que permitan identificar, evaluar y controlar potenciales amenazas. Los gobiernos regionales y municipales tienen la obligación ineludible de salvaguardar la vida e integridad de las poblaciones donde gobiernan, y no arrastrar a los ciudadanos a una situación de total indefensión cada vez que empieza el ciclo de ondas tropicales”, apuntó Figueroa. Propuestas para un cambio de modelo La dirigente nacional de Primero Justicia advirtió que para transformar la realidad de contingencia permanente que vive el país se requiere un cambio de gobierno y de visión institucional. En este sentido, dijo, la organización que representa propone enfocar el presupuesto y el esfuerzo técnico en cuatro ejes fundamentales que hoy se encuentran en abandono: Prevención real: Regular de forma estricta el uso de los suelos y frenar de manera definitiva la construcción de infraestructuras en zonas de alto riesgo, como laderas inestables o cauces de ríos y la importancia de la limpieza y mantenimiento de las torrenteras. Mitigación activa: Implementar herramientas técnicas y censos actualizados para identificar y cuantificar los riesgos físicos y sociales en los sectores vulnerables antes de que ocurran los desastres. Educación y cultura de riesgo: Desarrollar programas masivos de capacitación orientados a la autoprotección, primeros auxilios y protocolos de evacuación. Cumplimiento del Pdul: Exigir que en los 335 municipios del país se reactiven y respeten los Planes de Desarrollo Urbano Local (Pdul) para detener el crecimiento urbano desordenado que colapsa los servicios y las vías de comunicación. Rol de las comunidades en la prevención En este sentido, Alicia Figueroa hizo un llamado clave a la sociedad civil, destacando que los ciudadanos y las comunidades organizadas deben asumir un rol protagónico en la contraloría social y en la mitigación de riesgos en sus propios entornos. A la par de exigir las obras de infraestructura correspondientes, la vocera instó a los vecinos a involucrarse en el diseño de los planes locales de emergencia, tomar conciencia sobre los peligros de construir en terrenos vulnerables, evitar el desecho de basura y sedimentos en cauces de ríos y quebradas, y promover simulacros que midan la capacidad de respuesta comunitaria ante cualquier eventualidad. Operación Lupa en las regiones afectadas El pronunc
Fuente: La Patilla — Ver nota original
