José Ricardo Breijo Fedorchenko, ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, ha sido víctima de una nueva violación de derechos humanos tras ser liberado del arresto domiciliario. El preso político permaneció más de dos años detenido en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, acusado de terrorismo por el simple hecho de haber tomado una fotografía en una oficina relacionada con ciudadanos de Medio Oriente en 2023. Su detención fue ampliamente condenada por activistas de derechos humanos internacionales como arbitraria e injustificada.
Este 26 de mayo, las autoridades venezolanas otorgaron a Breijo arresto domiciliario considerando su avanzada edad y el grave deterioro de su salud física. Durante su reclusión en Tocuyito, el adulto mayor adquirió múltiples patologías que incluyen úlceras en las piernas y otras enfermedades crónicas que comprometieron su bienestar. Sin embargo, esta medida de libertad condicional resultó ser ilusoria cuando al dirigirse a su apartamento en el edificio Pascuarelli de Bello Monte, Caracas, descubrió que su vivienda había sido ocupada ilegalmente.
Según denunció el defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, el ocupante del apartamento de Breijo es un efectivo del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana, precisamente uno de los funcionarios que participó en la detención original del preso político. El caso evidencia un patrón sistemático donde las autoridades no solo detienen arbitrariamente a ciudadanos, sino que además se apropian de sus propiedades durante el período de encarcelamiento. En el material audiovisual difundido, se observa a Breijo visiblemente afectado frente a la puerta de su apartamento, que fue cerrada con un candado de seguridad.
Rojas calificó la situación como "dantesca" y exigió la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía para hacer respetar los derechos a la propiedad y la dignidad humana de este adulto mayor. El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde se denuncia el patrón de detenciones arbitrarias seguidas de ocupaciones ilegales de bienes, subrayando la vulnerabilidad de los presos políticos y sus familias ante el abuso de poder institucional.
Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original
