¿Por qué Citgo está a punto de ser rematada? | Por: Víctor Álvarez R. » EntornoInteligente
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Una Corte de Nueva York afirmó la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York. Para sustanciar su sentencia, la Juez Katherine Polk citó al ex Procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, cuando afirmó que la AN no declaró la nulidad del bono. En 2016, la AN solo rechazó el uso de Citgo como garantía del bono PDVSA 2020, pero no declaró la nulidad de la operación. Luego, esta misma AN autorizó pagar $ 71 millones de intereses vencidos y reconoció de hecho la legalidad de la deuda.

Si en septiembre de 2016 la AN hubiese declarado la ilegalidad de la operación, el país no estaría a punto de perder Citgo, un conglomerado de refinerías en EEUU que cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5.000 gasolineras, cuyo valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de PDVSA que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, lo que Venezuela les debe.

Por un lado están los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1.700  millones y se les ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo. Pero también está Crystallex, la minera canadiense que reclama una indemnización de $ 1.400 millones por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas .

Recordemos que en EEUU los abogados de Guaidó son los únicos que pueden actuar a nombre de la República de Venezuela porque es a él a quién la Casa Blanca reconoce como Presidente interino. La Procuraduría especial de Guaidó introdujo una demanda de nulidad de los bonos que fue rechazada y la Juez Polk impuso a la junta ad hoc de PDVSA designada por Guaidó, pagar los costos legales en los que incurrieron los acreedores al hacer tal demanda.

Todo esto revela el desacierto de actuar en las cortes estadounidenses apelando al marco legal venezolano, olvidando que la emisión de estos bonos se hizo con base en la ley de Nueva York. Por otra parte, la anterior decisión de la Corte Suprema de Justicia que desestimó la apelación solicitada por el Procurador de Guaidó y ratificó la sentencia de la Corte Federal fue la consecuencia directa de la incapacidad de los abogados de Maduro y Guaidó para acordar una estrategia común en defensa de los activos de Pdvsa y de la República en el exterior.

¿Por qué Juan Guaidó en su condición de Presidente de la AN no tramitó la anulación de esta obligación antes de que le dividieran el parlamento? ¿Por qué los funcionarios de Maduro y Guaidó en vez de convenir una unidad de criterios en defensa del interés nacional se contradijeron ante la Corte? ¿Quién paga los costos de una demanda que era mejor no iniciar? ¿Quién responde ahora por los daños que se le causaron a los activos de la República y al patrimonio de la Nación?

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LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

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