Tres exfuncionarios de la Policía Municipal de Chacao declararon durante más de cinco horas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre sus detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos prolongados en El Helicoide. Esta es la primera vez que el tribunal aborda directamente denuncias de tortura y persecución política ocurridas dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. El caso Chirinos Salamanca y otros (PoliChacao) vs. Venezuela inauguró las audiencias del 189º período de sesiones de la Corte IDH el 5 de mayo.
Los denunciantes fueron representados por Defiende Venezuela y la abogada Andrea Santacruz, quienes expusieron una persecución política sistemática contra funcionarios de PoliChacao. Las detenciones se remontan a junio de 2016, cuando 14 funcionarios fueron capturados injustamente y mantenidos privados de libertad a pesar de que existían órdenes de excarcelación vigentes. Las autoridades les imputaron presuntos vínculos con el asesinato del periodista chavista Ricardo Durán, un cargo que resultó ser parte de una campaña para criminalizarlos. El Estado venezolano, actualmente administrado por Delcy Rodríguez, no envió representantes ante la Corte pese a haber sido notificado oficialmente.
Fred Armando Mavares Zambrano testificó que funcionarios del Sebin se negaron sistemáticamente a liberarlo a pesar de existir boletas de excarcelación válidas. Durante su detención, relató huelgas de hambre y otras acciones desesperadas que impulsaban los detenidos para denunciar los abusos cometidos contra ellos. Según su testimonio, altos funcionarios del gobierno participaron en la difusión pública de acusaciones infundadas, incluyendo declaraciones públicas de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Gustavo González López que lo acusaban de crímenes que no cometió.
Ángel Alfonso Sánchez Blanco denunció ante la Corte torturas extremas que incluyeron asfixia con bolsas plásticas, golpes con un bate de béisbol, exposición a agentes químicos y descargas eléctricas. Las autoridades buscaban obligarlo a grabar videos incriminando a dirigentes opositores, mediante coerción y amenazas contra sus compañeros. Las víctimas solicitaron a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano, otorgue reparaciones integrales, ordene la liberación de presos políticos, implemente reformas en los cuerpos de seguridad y cierre definitivamente El Helicoide como centro de detención.
Fuente: El Nacional — Ver nota original
