Pocos avances en la lucha contra la corrupción

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La lucha contra la corrupción en las entidades federativas del país se estancó, reveló el Índice de Estado de Derecho (IED) en México 2021–2022 de World Justice Project (WJP).

«Al igual que en años anteriores, esta edición del Índice muestra una falta de avances en el factor 2: Ausencia de corrupción, el cual cayó en 16 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y se mantuvo sin cambios en 11 (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala).

«Los indicadores con más caídas fueron la ausencia de corrupción en el poder Judicial (sub-factor 2.2, con caídas en 21 estados), el que mide la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia (sub-factor 2.3, que bajó en 17 estados) y la ausencia de corrupción entre las autoridades del poder Ejecutivo estatal (sub-factor 2.1, que bajo en 17 estados y se mantuvo sin cambios en 6)», cita el documento.

El factor «Ausencia de corrupción» mide que ésta, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia, no exista.

«Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro sub-factores» para medir:

Que los servidores públicos del poder Ejecutivo estatal no incurren en actos de corrupción; que los funcionarios del poder Judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. Que los trabajadores del sistema de seguridad y procuración de justicia están libres de influencias indebidas por parte de intereses privados o de organizaciones delictivas. Que los servidores públicos del poder Legislativo se abstienen de solicitar y aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o el sentido de su voto en otras decisiones. En el caso de los trabajadores del poder Ejecutivo el propósito de la medición es saber si no incurren en actos de corrupción; es decir, si no incurren en sobornos, pagos informales, e influencias indebidas en la provisión de servicios públicos y en la ejecución de regulaciones. [email protected]

LINK ORIGINAL: El Economista

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