PERÚ: Editorial: Con nombre propio y a dedo - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / El Comercio de Perú / El día de ayer, precisamente, el Congreso se estrenó en su labor legislativa. Con 108 votos a favor, el pleno aprobó su primera ley, por la cual le otorgó a la empresa Doe Run hasta dos años más de prórroga para lograr la venta completa de su negocio (la llamada ‘liquidación en marcha’). Pero si la materia escogida y el tenor de lo aprobado son lo mejor que pudo exhibir esta nueva conformación de la representación nacional para su inauguración, solo cabe temer lo que deparen los próximos cinco años. 

Quizá apremiados por el hecho de que el día de mañana, 27 de agosto, se vencía el plazo legal para la liquidación en marcha de la empresa y, por lo tanto, se debía proceder –conforme a ley– a la liquidación y venta por separado de los activos de la insolvente Doe Run para pagar las deudas con sus acreedores, los legisladores aprobaron una norma cuyos efectos nocivos trascienden las fronteras de La Oroya.

Lo aprobado fue una mescolanza de dos proyectos nefastos en sí mismos: uno proveniente del Ejecutivo y otro de la bancada de Fuerza Popular. Como ya hemos comentado en esta página, el proyecto presentado por el Ejecutivo era, más allá del lenguaje general utilizado con fines de apariencia, una norma con nombre propio. 

Su único objetivo era ampliar por dos años más el período de liquidación en marcha, lo cual hoy en día solamente puede favorecer a Doe Run, única empresa que se encuentra en dicha situación, tal y como informó el Indecopi a este Diario. Al hacerlo, el Ejecutivo pasaba por alto –además de los pasivos ambientales de Doe Run que hicieron de La Oroya una de las diez ciudades más contaminadas en el mundo y deudas que superan los US$500 millones– que la compañía se encuentra en situación de insolvencia desde el 2009, y que en todo este tiempo no ha logrado su reflotamiento ni mucho menos atraer el interés de algún inversionista que quiera adquirirla bajo la modalidad de liquidación en marcha. 

De hecho, la nueva prórroga se suma a una serie de extensiones aprobadas por el acreedor mayoritario de Doe Run (el Estado) y amparadas con una modificación legal oportunamente aprobada por el Congreso en el 2015 justamente cuando se iba a vencer el plazo original. Así, la venta en marcha que debía durar seis meses se prolongó por dos años, para el pesar del resto de acreedores que veían cómo el Estado perennizaba una situación de “perro muerto”.

La iniciativa de Fuerza Popular era aun más preocupante. En concreto, estipulaba que la liquidación en marcha podría efectuarse en un plazo máximo de un año, prorrogable excepcionalmente por un plazo igual “mediante decreto supremo autoritativo”. El primer yerro consistía en que, debido a un lapsus o simple desconocimiento, la iniciativa ni siquiera hubiera sido útil a su propósito, pues el plazo máximo ahí previsto para efectuar la liquidación en marcha (dos años) ya se había cumplido en el caso de Doe Run. Y el segundo y más perjudicial defecto era que otorgaba al Ejecutivo la facultad de decidir si la empresa se liquidaba o no. Tal vez con el propósito de patear la responsabilidad por el futuro de Doe Run a la administración de Pedro Pablo Kuczynski, la bancada fujimorista planteó esta alternativa que convertía al Ejecutivo en el omnipotente decisor, a dedo, sobre la supervivencia o deceso de una empresa.

El resultado final fue lo peor de los dos mundos: la junta de acreedores de Doe Run (controlada por el Estado) podrá aprobar una prórroga a la liquidación en marcha por un año y, adicionalmente, el Ejecutivo podrá ampliarla por un año más, a través de un decreto supremo.

Al menos con esta fórmula compartida por el Legislativo y Ejecutivo sabremos a quiénes responsabilizar si el Estado no logra aquello que ninguno de los administradores de la empresa, sus acreedores, ni posibles inversionistas han logrado hasta la fecha: revivir a un muerto

PERÚ: Editorial: Con nombre propio y a dedo

Con Información de El Comercio de Perú

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