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Parlamento trata hoy medidas urgentes: habrá fuerte debate por límite a derecho de reunión

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«Lo que no puede suceder, a riesgo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad (contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ONU) es que sea una limitación sine die o en términos llanos ‘ilimitada’, sin duración cierta, pues ahí sí constituye una limitación abusiva y excesiva a un derecho fundamental para la democracia», indicó. Finalmente, el gobierno consideró implementar esta medida durante dos meses

El Poder Ejecutivo envió este jueves el proyecto de ley que busca limitar el derecho a reunión, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, que incluye además el cierre de fronteras (artículo 37). medidas anunciadas por el mandatario Luis Lacalle Pou este miércoles a la noche. Según se desprende del documento, la primera medida regirá por dos meses.

En la exposición de motivos, Presidencia alude al aumento exponencial de casos que hubo en el último tiempo. Es por eso que se tratará con urgencia este viernes, primero en el Senado y en la tarde en la Cámara de Diputados. Se prevé que tenga un trámite rápido para que comience a funcionar cuanto antes. La aprobación de la iniciativa requiere mayoría simple por lo que el proyecto tendrá una rápida aprobación en ambas Cámaras. No obstante, se anuncia desde el Frente Amplio que planteará un proyecto de ley alternativo a la limitación del derecho de reunión.

En el documento que redactó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, indica que «los nuevos brotes intrafamiliares constatados, así como aquellos surgidos en instituciones, en todos los departamentos, obligan a adoptar medidas de limitación al derecho de reunión, así como al ingreso de personas al país, que contribuya con las medidas sanitarias ya dispuestas a sostener, mitigar e incluso disminuir el número de contagios y así evitar nuevos brotes y el aumento de casos positivos».

Ante dicha situación, indica, el Poder Ejecutivo «ha solicitado el asesoramiento de distintos miembros de la comunidad científica, quienes han coincidido categóricamente en identificar ciertas conductas humanas que resulta urgente e imprescindible ajustar para controlar el avance de la pandemia en el país. Dichas conductas incluyen las reuniones masivas sin distanciamiento social, sin uso de mascarillas sanitarias, ni el cumplimiento de los protocolos sanitarios ampliamente difundidos por las autoridades competentes».

Asimismo, destaca que se ha constatado que «en los meses que han transcurrido desde la declaración de la emergencia sanitaria, la población ha avanzado en la utilización de diversas herramientas informáticas para mantener una comunicación fluida e inclusiva en forma remota, lo que ha favorecido el acercamiento de las personas a pesar de la distancia física». «El Poder Ejecutivo confía en que la disponibilidad de estas alternativas seguirá contribuyendo a paliar el efecto del distanciamiento social que nos ha impuesto la pandemia», agrega.

En este marco, según entiende el gobierno, «es oportuno la aprobación de una ley, con alcance general, en una materia tan sensible al Estado democrático, como lo es la limitación de derechos individuales, todo, en aras de la protección de un bien fundamental tutelado como es la salud colectiva, cuya garantía permite el goce de los demás derechos y libertades reconocidos constitucionalmente».

«En el contexto actual, la adopción de las medidas que se proponen resulta legítima y necesaria dentro del marco constitucional reseñado, ya que tienen como finalidad proteger la vida de las personas y la salud pública ante la grave amenaza del agravamiento de la emergencia sanitaria que transita nuestro país por la expansión de la pandemia de Covid-19; en consideración de los principios constitucionales y los derechos que allí se reconocen, las potestades conferidas al Poder Ejecutivo en este contexto, sólo podrán ser ejercidas por las autoridades competentes durante el tiempo previsto y en estricta observancia de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad», apunta.

Artículos a consideración

«Limítase transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. Suspéndanse las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días desde la publicación de la presente Ley, entendiéndose como tales, la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etc. según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas», dice el primer artículo.

En tanto, el segundo artículo faculta a los ministerios competentes «a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente». En tanto, se precisa en el texto que esta facultad «deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios».

El tercer artículo plantea qué tipo de sanciones se aplicarán si existe incumplimiento de esta norma. Estas pueden ser «apercibimiento, observación y multas de 30 a 1000 Unidades Reajustables (de $ 38.743,2 a $ 1.291.440), sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder». Lo recaudado por las multas «será destinado al ‘Fondo Solidario Covid-19′», que fue creado meses atrás para hacer frente a la pandemia. Además, se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar «por única vez y por el término de treinta días» el plazo de 60 días desde la publicación de esta ley, de acuerdo al cuarto artículo.

El segundo capítulo de este proyecto de ley refiere al cierre de las fronteras del país hasta el 10 de enero de 2021 inclusive. «Prohíbese el ingreso de personas al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas -cualquiera sea su modalidad- desde la fecha de promulgación de la presente Ley y hasta el 10 de enero de 2021 inclusive», sostiene el texto redactado por Ferrés.

Simplemente serán exceptuados «los transportistas internacionales de bienes, mercaderías, correspondencia y ayuda humanitaria y sanitaria», así como «los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso».

El último artículo faculta al Poder Ejecutivo a «prorrogar» el plazo de este blindaje con dichas excepciones, que en principio rige hasta el 10 de enero próximo inclusive, así como «disponer otras excepciones» siempre que «se justifique y acredite la necesidad de las mismas», remata el texto.

Lo antes posible

El senador y coordinador de la bancada blanca, Gustavo Penadés, dijo que «la idea del Poder Ejecutivo no es que este proyecto ni las sanciones previstas tengan que ser aplicadas, sino que sirva como un elemento más en la toma de conciencia que todos tenemos que tener frente al crecimiento exponencial de los contagios que estamos viviendo en los últimos tiempos». Penadés calificó, en rueda de prensa, al texto como «muy sensato». «Contiene palabras correctas y que establecen un compromiso de partes, o sea, del Estado de una parte y de la ciudadanía de otra. Todos trabajando en pos de la salud pública».

Apuntó que la coalición multicolor pretende que este texto «sea aprobado lo antes posible», y que sea votado «por unanimidad». Sobre el último punto, dijo que sería un «fuerte mensaje de los que tantos actores políticos han reclamado en los últimos tiempos».

Por su parte, Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, indicó que la reglamentación del artículo 38 de la Constitución es «absolutamente necesaria», en este contexto de crisis sanitaria, según informó Telenoche. «Es una medida donde se va a dejar garantías al derecho de reunión, lo que se está estableciendo es que aquellas reuniones o aglomeraciones que se van a definir a texto expreso, que pueden presentar características que generen riesgo a la población, estén limitadas mientras dure la pandemia», señaló.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo en rueda de prensa que «hay una delgada línea roja, que van a tener que analizar con mucho cuidado los parlamentarios». «Tengo mucha confianza en la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio», remarcó Cosse, de quienes dijo que «manejan profundamente ese cuidado» porque «no deberíamos correr el riesgo de que se nos transforme la democracia en un Estado policial».

Por su parte, el senador blanco Sebastián da Silva dijo a Desayunos Informales (Teledoce) que «es una innovación en una situación muy particular, es una paradoja que el partido de la libertad, el Partido Nacional tenga que recurrir a este tipo de circunstancias, que esperemos que tenga sus delimitaciones en el tiempo. Por supuesto, referida solo a los temas relativos con la lucha contra la pandemia».

«Lo que hemos conversado formalmente es el límite si nos delimitamos en el tiempo o en la prestación de derechos de reunión debido a la emergencia sanitaria. En definitiva es lo que a nosotros nos angustia y preocupa. Para que la ciudadanía entienda, no es una reglamentación cualquiera. De la ley que vayamos a votar mañana se va desprender de que los uruguayos, de acuerdo con lo que se reglamente, vamos a tener prohibición de juntarnos de acuerdo a la ley que diga, eso habilita a los mandos policiales de la república a actuar en consecuencias. No pensábamos llegar a este extremo», agregó.

El ministro de Ambiente y líder de Ciudadanos (Partido Colorado), Adrián Peña, expresó que siente «que es un gobierno que preserva principalmente la libertad de las personas, sentimos eso, imagínense lo difícil que es para nosotros acompañar este tipo de medidas».

El senador Charles Carrera remarcó que el Frente Amplio propondrá ir por el lado del artículo 44 de la Constitución y no por el artículo 38 de la Constitución.

«No hay que ir por la limitación del derecho de reunión sino por el cuidado de salud», afirmó el legislador. Agregó que el FA como oposición «responsable y constructiva» habilitará con sus votos el tratamiento en forma urgente del proyecto. No obstante, aclaró que » no compartimos la forma; para nosotros, no hay que ir por el artículo 38, tenemos que defender las garantías individuales, vamos a presentar un proyecto que va por el lado del art´44, en esa situación quien debe intervenir es el MSP y luego de agotados todo los casos se debe convocar el ministerio del Interior».

«Nos preocupa que el diagnóstico del GACH no está presente en las medidas, falta el apoyo a los pequeños comercios, la renta básica de emergencia», afirmó. Dijo que el FA presentó ayer una nota al presidente Luis Lacalle Pou donde se exponen estas consideraciones. «El MSP es la policía sanitaria, es el que tiene capacidad para determinar si afecta o no a la salud, este es el diseño institucional», agregó. El artículo 44 de la Constitución señala que el Estado «legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes».

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, consideró que les genera «preocupación» esta reglamentación. «Por principio defiendo la libertad como parte fundamental de la convivencia democrática», escribió en su cuenta personal de Facebook. Para el presidente de la central sindical, lo que más le preocupa es la falta de medidas para abatir el déficit social: «más de 200 mil uruguayos sin empleo dan cuenta de un problema muy grande, sumados a los problemas sociales que se van a suscitar a partir de la aplicación de las nuevas medidas e incluyendo las que se han tomado con la suspensión del carnaval, en donde trabajan durante enero y febrero cerca de 40 mil personas».

Agregó que no ve en las propuestas el ingreso básico de emergencia (salario mínimo), «incluso cuando ya se ve el horizonte con la llegada de la vacuna. Siendo conscientes de que lleva un tiempo entre la llegada de la vacuna y la inmunización de los uruguayos/as, pero se tiene claro que este ingreso sería por un tiempo limitado». «Es hora de que el gobierno complemente los anuncios sanitarios en línea con el diagnóstico del GACH, con políticas sociales compensatorias que atiendan la emergencia social. Estas propuestas faltaron en la conferencia, pero se está a tiempo de tomarlas», agregó.

Scavarelli: «En principio, la limitación al derecho de reunión es constitucional»

El abogado penalista, Andrés Scavarelli, hizo un análisis sobre el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento este jueves (veáse nota principal). «Desde hace tiempo vengo sosteniendo que el Estado no puede obstaculizar el derecho de reunión y menos aún reprimir o disolver reuniones pacíficas, sin ley, pues bien ahora la habrá», comenzó, en un posteo que hizo en Facebook.

«Lo que se debe tener en cuenta son los términos y la duración de esta limitación, también las consecuencias para quien esté en un espacio público, la cantidad de gente, las condiciones y las facultades que tienen los órganos represivos del Estado. En este tema juegan, a nivel Constitucional, y sin analizar la normativa internacional obligatoria con rango constitucional, tres artículos de la Constitución».

En ese sentido, enumeró: el artículo 7 de la Constitución exige ley y razones de interés general para limitar un derecho; el artículo 44 establece la obligación del Estado de regular las cuestiones de salud pública; el artículo 38 el derecho de reunión. «Por lo tanto, en principio la limitación al derecho de reunión es constitucional. Pero, en principio», señaló.

«Lo que no puede suceder, a riesgo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad (contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ONU) es que sea una limitación sine die o en términos llanos ‘ilimitada’, sin duración cierta, pues ahí sí constituye una limitación abusiva y excesiva a un derecho fundamental para la democracia», indicó. Finalmente, el gobierno consideró implementar esta medida durante dos meses.

«Es decir, la permanencia de la limitación más allá de su estricta necesidad es contraria a los estándares de un Estado de Derecho. Lo mismo si las facultades represivas son excesivas, como, por poner un ejemplo ridículo y que a nadie le pasaría por la cabeza en nuestro país, facultar a los órganos de seguridad a hacer uso de fuerza letal para disgregar concentraciones», agregó.

Asimismo, sostuvo que «se trata de una medida, en principio, acorde al texto constitucional siempre que sea específica, puntual y limitada como parece serlo según el anuncio presidencial. No sería acorde a un Estado de Derecho, por ejemplo, si por su contenido significan el establecimiento de un estado de excepción con medidas de toque de queda o restricciones generales, ya que para esto último es que existen las medidas prontas de seguridad del artículo 168 de la Constitución pues estas tienen control parlamentario y requieren una duración y finalidad específica facultando limitaciones más generales de derechos».

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