El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad, realizó una denuncia formal sobre la situación crítica de los adultos mayores encarcelados en Venezuela. A través de sus canales de comunicación, la ONG alertó que en cada penal del país existe al menos un adulto mayor privado de libertad, quienes enfrentan un proceso de envejecimiento acelerado debido a las condiciones inhumanas imperantes en los centros de reclusión. Esta situación refleja el abandono sistemático de una población vulnerable que padece deterioro físico, mental y emocional irreversible.
Según el reporte del OVP, el sistema penitenciario venezolano carece completamente de políticas públicas con enfoque geriátrico que protejan a los reclusos de la tercera edad. Los adultos mayores encarcelados enfrentan entornos hostiles caracterizados por el hacinamiento, la insalubridad y la ausencia de condiciones mínimas de atención. La organización destaca como principal problema la falta de atención médica especializada para esta población vulnerable, así como las dificultades para acceder a tratamientos de enfermedades crónicas que requieren seguimiento constante y medicamentos específicos.
Las condiciones de vida en las cárceles venezolanas agravan significativamente el estado de salud de los adultos mayores. La alimentación dentro de los recintos penitenciarios no cubre los requerimientos nutricionales básicos necesarios para personas de esta edad, incrementando drásticamente el riesgo de desnutrición y complicaciones de salud adicionales. El OVP ha documentado que estas carencias contribuyen a la vulneración sistemática de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario, violando tratados internacionales y leyes nacionales.
El marco legal venezolano establece disposiciones específicas para proteger a los adultos mayores privados de libertad. El artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal indica que las personas mayores de 70 años no deberían permanecer en prisión preventiva, sino cumplir medidas cautelares o arresto domiciliario. Además, en casos de enfermedades graves, la ley contempla medidas humanitarias de liberación. Sin embargo, el OVP asegura que estas disposiciones no se cumplen efectivamente en Venezuela, habiendo documentado casos de personas de hasta 80 años recluidas en cárceles sin acceso a atención médica adecuada.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
