Otorgan libertad condicional en EEUU a Carlos Urbano Fermín, empresario que pagó sobornos a Ortega Díaz

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La tarde de este lunes Carlos Urbano Fermín, empresario venezolano detenido en los EEUU., obtuvo su libertad condicional tras pagar sobornos por un millón de dólares la ex fiscal Luisa Ortega «a manera de seguro contra cualquier investigación de sus enormes contratos de construcción con el gigante petrolero estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa)».

Informó que dicho pago se realizó para evitar cualquier pesquisa y búsqueda de irregularidades en sus contratos petroleros con Pdvsa, según informó la agencia de noticias AP.

Dicha publicación realizada por la agencia indicó que de acuerdo con un documento de tres páginas extremadamente censurado que acompaña a su acuerdo de culpabilidad, Fermín dijo que entre el 2012 y 2016 sus compañías obtuvieron varios contratos importantes de parte de tres empresas de participación conjunta de Pdvsa y petroleras extranjeras — incluyendo la China National Petroleum Company, la rusa Rosneft y Total SA de Francia.

Este lunes  su sentencia de libertad condicional fue en reconocimiento a sus esfuerzos por exponer la corrupción desenfrenada en el poder judicial del país.  El fiscal federal adjunto Michael Berger había buscado una sentencia reducida de cerca de dos años de prisión para Carlos Urbano Fermín en reconocimiento a su «ayuda significativa».

Pero el juez Robert Scola dictó una sentencia aún menor, poniéndose del lado de los abogados de Fermín, que argumentaron que su cliente debería recibir un trato similar al de un acusado que cooperó en otro caso de soborno en Venezuela.

La fiscal venezolana fue identificada como Luisa Ortega, reportó The Associated Press el año pasado. Ortega no ha sido acusada, pero previamente señaló que dichos cargos de soborno fueron un intento infundado del gobierno de Maduro para obligarla a confesar y manchar su reputación.

Al recibir la sentencia el lunes, Fermín describió cómo se vio obligado a tomar la decisión de pagar sobornos o ver que su negocio de 1.500 empleados fuera destruido o incautado.

El juez Scola tomó la inusual medida de sellar procedimientos judiciales normalmente abiertos donde se discutieron detalles de la cooperación del acusado.

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LINK ORIGINAL: El Universal

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