Organizaciones le dejan saber a Grijalva su oposición a un coordinador federal - EntornoInteligente
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Raúl Grijalva durante la vista en Adjuntas. ( Gerald López Cepero ) Adjuntas – El congresista Raúl Grijalva constató de primera mano esta tarde la resistencia entre organizaciones sin fines de lucro a una de sus propuestas para enmendar la Ley Promesa , que es aumentar la influencia del gobierno federal con la creación de la posición de coordinador federal para la reconstrucción.

El viernes, alcaldes de los dos partidos mayoritarios le reclamaron a Grijalva mayor participación en el proceso de reconstrucción y hoy, en una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, las organizaciones pidieron lo mismo.

Grijalva también palpó la oposición a la idea del coordinador federal, mientras escuchaba una larga lista de quejas sobre cómo la burocracia ha impedido que el país se reconstruya correctamente a casi dos años del paso de María. 

El congresista demócrata por Arizona insiste en que el coordinador federal sólo se trata de una propuesta.

“Hemos recibido reacciones positivas y también negativas al concepto de tener más presencial federal. Vamos a analizar eso y no hemos tomado una decisión final”, dijo Grijalva a periodistas al finalizar la audiencia en la sede de Casa Pueblo.

“Estamos buscando un mecanismo porque lo que estamos buscando es transparencia fiscal y que lleguen los servicios a donde estaba la intención de que llegaran desde un principio”, sostuvo. “Hay que ver cuál es esa avenida que vamos a desarrollar, pero al final del día buscamos accountability (transparencia)”.

Grijalva celebrará una vista del Comité de Recursos Naturales el 22 de octubre para discutir el borrador de enmiendas a la Ley Promesa y, además, posibles enmiendas al proceso de reconstrucción del país y el acceso a fondos federales. Aseguró que tiene tiempo suficiente para conciliar las propuestas que escuchó hoy, pero reconoció que el lenguaje final del proyecto de ley no necesariamente va a satisfacer a todo el mundo.

Grijalva, de otra parte, insistió en la necesidad de delinear finalmente lo que serían los servicios esenciales bajo la Ley Promesa y mencionó algo unos como la salud, la educación hasta el nivel universitario y las pensiones.

“Son servicios esenciales y se tienen que proteger”, dijo.

Quejas y recomendaciones

El consenso entre los participantes de la vista pública fue que los procesos internos de agencias federales, la alegada incapacidad del gobierno central y la corrupción han impedido que se desarrolle la reconstrucción a un paso más acelerado.

Una de las que insistió en el problema de la burocracia excesiva fue Elizabeth Colón, directora ejecutiva de la organización Ponce Neighborhood Housing Services, una entidad con 25 años de historia que brinda diversos servicios a ciudadanos del sur y centro del país en temas como vivienda asequible, desarrollo comunitario y consejería para evitar la ejecución de propiedades.

Según su ponencia, si bien el gobierno federal tiene manuales y guías que supuestamente establecen las reglas de juego “estos manuales no son asertivos”.

“Los procesos son confusos, no están bien organizados y no están bien estructurados. Las guías no concuerdan unas con otras”, dijo.

Glenisse Pagán, directora ejecutiva de Red de Fundaciones de Puerto Rico, insistió que la respuesta de los gobiernos estatal y federal “fue lenta y desorganizada”.

Tras recordar que las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico han recibido $337 millones de fondos no gubernamentales para ayudar en la recuperación, insistió en que permea la falta de transparencia y de información para la adecuada toma de decisiones.

“Hay falta de participación pública y falta de apoyo financiero para estas organizaciones (sin fines de lucro)”, dijo. “Hemos visto barreras burocráticas y reglamentos innecesarios que impiden el que comunidades y organizaciones tengan acceso a fondos… si potenciamos a público con data real, fondos y herramientas pueden ser más capaces de fiscalizar el proceso”.

Carmen Villanueva, de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA) denunció el “lento desembolso” de fondos federales y criticó lo que llamó la “centralización” de los procesos para administrar el dinero federal bajos las sombrillas del COR3 y el Departamento de la Vivienda “con ninguna coordinación en el aparato gubernamental”.

“Nos preocupa la falta de coordinación entre las agencias locales y federales, los cambios en los procedimientos, la duplicidad en todo lo que tiene que ver con los procesos, la participación ciudadana inadecuada y la pobre fiscalización que permite que grupos pudientes tengan un exceso de contratos de consultoría con una falta de rendición de cuentas al país”, sostuvo.

Como recomendación al comité, Villanueva planteó la necesidad de que se cree un grupo de trabajo multisectorial “con representación justa y firme de las comunidades” para que se promueva un justo y ágil de los fondos.

Villanueva se emocionó y derramó lágrimas al recordar cómo las mujeres han sufrido la peor parte en los dos años post-María.

“Me emociono porque perdimos muchas vidas”, destacó.

Amárilis Pagán, de la organización Matria, dijo que se le hacía difícil dar recomendaciones a Grijalva en medio de lo que describió como una situación colonial “indigna y violenta”.

“Estamos pidiendo al Congreso y a un presidente (Donald Trump) que nos odia. Quieren arreglar algo que no tiene arreglo. El arreglo es descolonizar a Puerto Rico… algo que sabemos no va a pasar por ahora”, dijo.

Pagán sí brindó una recomendación: permitir que las organizaciones sin fines de lucro supervisen el proceso de reconstrucción.

Pagán también denunció fallas en el proceso de otorgación de contratos a empresas encargadas de consultoría o de construcción, cómo el proceso no ha sido transparente y cómo “obliga a las comunidades a ir a los tribunales para paralizar procesos y requerir información”.

Por la misma línea de las irregularidades en las contrataciones se expresó Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal, una organización sin fines de lucro que, entre otras cosas, orienta a ciudadanos en proceso de ejecución de hipotecas, la mayoría como resultado directo del paso del huracán.

Godreau repasó lo que considera fallas del programa R3 (Reparación, Reconstrucción o Reubicación) del Departamento de la Vivienda, cuyos directivos sólo han instalado ocho centros a nivel isla para orientar al público.

“Los ciudadanos ni siquiera saben que existen (los centros y el Departamento de la Vivienda no dice cuánto tiempo pasará antes de que contesten”, sentenció Godreau al denunciar que la agencia no ha respondido a una alternativa que presentó Servicio Legal para viabilizar el que ciudadanos sin títulos de propiedad se beneficien de los fondos del programa, que es financiado a través del programa CDBG-DR.

Godreau consignó su oposición a la creación de cualquier monitor federal y exigió que todos los contratos otorgados por Vivienda, particularmente aquellos relacionados al programa R3, sean revisados.

“La Junta de Supervisión Fiscal nos trajo menos transparencia y cero de rendición de cuentas y agrava la austeridad”, dijo.

La propuesta de Jaramillo

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, fue quien único aludió a la posibilidad de que se cree una nueva posición de “monitor”. En su caso, lo llamó el Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG, por sus siglas en inglés).

Argumentó que no se trata de un “síndico convencional”, sino una figura que tendría a su cargo auditar y denunciar las desviaciones en las leyes, procedimientos que controlan las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“El papel del IPSIG es observar, auditar, e investigar las actividades de la organización para descubrir cualquier conducta ilegal o contraría a la ética”, dijo Figueroa Jaramillo.

Una caminata por el pueblo

Grijalva llegó a eso de las 2:30 p.m. a Casa Pueblo, donde fue recibido por su fundador, Alexis Massol González y su hijo Árturo Massol Deyá. Ambos le dieron un recorrido no sólo del interior de la sede y de la escuela que manejan, sino que también lo llevaron en una caminata de unos 15 minutos hasta llegar a la plaza del pueblo. En el trayecto, en que Grijalva estuvo inexpresivo en todo momento, le contaron sobre las iniciativas de Casa Pueblo para promover la energía renovable en Adjuntas, al punto de instalar, con la ayuda de múltiples fundaciones, sistemas solares en 60 residencias, múltiples negocios, dependencias gubernamentales y una égida.

El próximo proyecto será instalar sistemas solares en alrededor de 70 comerciantes del pueblo.

LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

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