El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), dirigido por Abel Ernesto Durán Gómez, se ha convertido en un obstáculo considerable para las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Según fuentes conocedoras de la materia, tanto organizaciones defensoras de derechos humanos como la patronal Fedecámaras enfrentan rechazos sistemáticos cuando intentan inscribirse o actualizar sus datos en este organismo. La situación refleja un patrón de bloqueo administrativo que afecta indistintamente a diferentes sectores civiles, desde grupos críticos con el gobierno hasta entidades empresariales que han buscado acercarse al régimen.
Abel Ernesto Durán Gómez, jefe del Saren, es primo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, según información de la ONG Transparencia Venezuela. Este vínculo familiar ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en la administración de trámites relacionados con organizaciones de la sociedad civil. El contexto se agrava con la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, promulgada en septiembre de 2024, que los activistas han denominado como Ley Anti-ONG por sus severas restricciones.
Abogados y activistas reportan que las solicitudes de registro son rechazadas bajo criterios no escritos, siendo la principal justificación que las autoridades consideran que las asociaciones tienen fines políticos. Desde julio de 2025, algunos solicitantes esperan respuestas que nunca llegan, con documentos que quedan atrapados en procedimientos indefinidos. Un abogado especializado señala que el Saren aplica una política general de obstaculización y retraso en todos los trámites, más allá de las restricciones específicas de la nueva ley sobre ONG.
Esta estructura de bloqueos administrativos genera un efecto paralizante en la organización de la sociedad civil venezolana. Aunque algunos analistas sugieren que Delcy Rodríguez podría no estar priorizando el hostigamiento de estas organizaciones como lo hacía Maduro anteriormente, la combinación de desidia burocrática, requisitos legales restrictivos y prácticas de dilación indefinida termina produciendo el mismo resultado: la imposibilidad práctica de que nuevas organizaciones se constituyan legalmente o que las existentes actualicen su estatus.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
