La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emitió un comunicado para aclarar que el centro penitenciario de El Helicoide no ha sido clausurado formalmente, desmintiéndose así los anuncios oficiales realizados a inicios de año. Esta precisión institucional surge tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ante el Congreso de Estados Unidos, quien afirmó que la «infame prisión» había sido cerrada como parte de las reformas sistémicas ejecutadas por la administración venezolana. La ONG subrayó la importancia de contrastar la retórica gubernamental con la realidad de los afectados directamente.
Según el monitoreo actualizado de JEP, al menos 25 presos políticos permanecen recluidos e incomunicados dentro de las instalaciones del Helicoide. Aunque las autoridades venezolanas realizaron un anuncio oficial sobre el cierre del recinto tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026, los registros de la organización confirman una realidad distinta a la presentada internacionalmente. La ONG reconoce que los pronunciamientos de la diplomacia internacional se fundamentan en compromisos e informes institucionales preliminares del Ejecutivo venezolano, pero enfatiza que estos deben verificarse con hechos comprobables.
Justicia, Encuentro y Perdón argumentó que no es posible considerar clausurado un espacio penitenciario mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior. La organización hizo un llamado a los organismos multilaterales y a la comunidad internacional para mantener un escrutinio riguroso sobre Venezuela bajo criterios estrictos de verificación de hechos. Instó además a las autoridades competentes a brindar transparencia pública sobre el estatus actual del penal y a otorgar atención prioritaria a la situación jurídica de las 25 personas bajo su custodia.
Estas denuncias surgen en un contexto donde el secretario de Estado estadounidense afirmó que Venezuela se encuentra en mejor situación cinco meses después de eventos políticos significativos. Sin embargo, Rubio reconoció que el país aún no ha alcanzado las condiciones necesarias para una transición democrática plena. La discrepancia entre las declaraciones oficiales internacionales y el monitoreo independiente de organizaciones de derechos humanos subraya la importancia de verificar independientemente los compromisos sobre reforma institucional y respeto a los derechos fundamentales.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
