El gobierno venezolano avanza en una controversial reforma del Tribunal Supremo de Justicia que ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y expertos legales. Delcy Rodríguez propone aumentar el número de magistrados, una medida que organizaciones internacionales consideran innecesaria y diseñada para consolidar el control político sobre la institución judicial. Expertos advierten que esta estrategia replica el modelo utilizado por Hugo Chávez para dominar el Poder Judicial y perpetuar la falta de independencia del sistema de justicia.
La liberación de presos políticos continúa siendo un proceso incompleto y parcial según organismos de derechos humanos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció disparidades en las cifras oficiales, reportando que solo 186 personas gozan de libertad plena mientras 554 permanecen bajo medidas cautelares restrictivas. Feliciano Reyna, defensor de derechos humanos, enfatizó que más de 5 millones de venezolanos viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, evidenciando que la excarcelación no ha significado una verdadera liberación para muchos opositores aún sometidos a vigilancia estatal.
Los sectores opositores demandan garantías institucionales y procedimientos claros para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. La juventud del partido Primero Justicia exigió la apertura inmediata del registro de votantes y un cronograma transparente para cualquier eventual proceso electoral. Estos sectores sostienen que el desmantelamiento de la represión y la construcción de una justicia independiente son requisitos indispensables para lograr una transición genuina hacia la democracia.
Organizaciones como Provea advierten que los tribunales y fiscalía encargados de aplicar la ley de amnistía fueron los mismos que cometieron detenciones arbitrarias y torturas durante años. Las prioridades actuales del Poder Judicial deben ser la transparencia y la autonomía institucional, aspectos que permanecen comprometidos por iniciativas parlamentarias que buscan ampliar la influencia política sobre los magistrados. El panorama institucional venezolano refleja una lucha por el control del aparato judicial mientras persisten desafíos críticos en materia de derechos humanos y estado de derecho.
Fuente: Infobae — Ver nota original
