El debate sobre quién impulsa el desarrollo económico de una nación —si la capacidad individual de sus ciudadanos o la estructura del sistema económico— ha ocupado a académicos y analistas durante décadas. Sin embargo, esta aparente dicotomía oculta una realidad más compleja: ambos elementos operan de forma simbiótica e inseparable. En Venezuela, esta pregunta adquiere una relevancia particular dado el contexto de crisis institucional y económica que ha caracterizado las últimas tres décadas. Entender esta relación es fundamental para identificar las verdaderas causas del deterioro nacional y proyectar posibles soluciones.
La dignidad humana debe ser el estándar de legitimidad de cualquier sistema económico, lo que significa que el crecimiento no puede reducirse a cifras macroeconómicas, sino que debe medirse en el despliegue de capacidades de los ciudadanos. Un crecimiento auténtico requiere un marco institucional que permita el desarrollo individual y garantice la justa reversión de los beneficios conforme a los esfuerzos realizados, la equidad y el principio de subsidiariedad. Cuando estas condiciones no existen, el sistema económico se convierte en un obstáculo para la prosperidad, independientemente de cuán talentosa y trabajadora sea la población.
La infraestructura institucional actúa como el facilitador o sofocador del progreso económico nacional. Un Estado de Derecho sólido, donde se respete la propiedad privada y se garantice el cumplimiento de contratos, es imprescindible para que el esfuerzo individual se traduzca en productividad y crecimiento. Cuando las reglas cambian arbitrariamente mediante decretos y decisiones discrecionales, cuando existe lo que la teoría constitucional denomina una mutación constante de la realidad por vías extralegales, el sistema se contamina y hace imposible la planificación a largo plazo. En estas condiciones, el esfuerzo ciudadano se desvía hacia la supervivencia o la economía informal, drenando el potencial productivo de la nación.
Venezuela experimenta desde hace casi tres décadas lo que podría denominarse una crisis multifactorial perfecta, donde múltiples entropías operan simultáneamente sin ser atendidas de manera científica y racional. El aspecto económico es uno de los más afectados por este "sistema del descalabro", pero la solución no depende únicamente de la voluntad individual de empresarios y trabajadores. La sociedad civil y el sector privado son teóricamente los verdaderos creadores de valor, pero sin estabilidad política, estrategia nacional clara y un marco institucional confiable, su capacidad de respuesta se ve severamente limitada. La reconstrucción nacional requiere simultáneamente ciudadanos comprometidos y un sistema que haga posible su compromiso.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
