Xabier Arruti Imaz, uno de los principales referentes de la red de miembros de la banda terrorista ETA que encontraron refugio en Venezuela, falleció en Chichiriviche, localidad turística del estado Falcón donde había construido buena parte de su vida desde su llegada al país caribeño hace más de cuatro décadas. Nacido en Lazcano en 1954, Arruti abandonó el País Vasco a comienzos de los años ochenta y, tras un breve paso por Francia, llegó a Venezuela en abril de 1981, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de los etarras exiliados en territorio venezolano.
En Chichiriviche, Arruti regentó un establecimiento hostelero y participó activamente en la vida política local. Diversos informes publicados en España lo situaron como delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela y con empleos vinculados a administraciones y empresas públicas del país, incluyendo Gas Comunal, sociedad relacionada directamente con PDVSA. Su presencia en la misma localidad donde posteriormente se instaló el sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos refuerza la evidencia sobre la concentración de miembros de ETA en zonas específicas de Venezuela.
La muerte de Arruti vuelve a poner el foco sobre la red de antiguos terroristas que encontraron protección en Venezuela durante décadas, y especialmente sobre la protección política, administrativa y económica que diversos informes atribuyen al régimen chavista. El caso de Arruti es citado frecuentemente por las fuerzas de seguridad como ejemplo de la relación entre el gobierno venezolano y la colonia de etarras huidos, demostrando un patrón sistemático de apoyo institucional.
No se trataba únicamente de permitir la residencia de estos terroristas en el país, sino de ofrecerles espacios de protección política, arraigo social y, en muchos casos, cobertura laboral dentro del entramado de administraciones y empresas públicas venezolanas. Este sistema de protección integral permitió que miembros de una organización terrorista internacional vivieran y prosperaran en territorio venezolano bajo el amparo de autoridades civiles y empresas estatales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
