La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida bajo custodia del Estado venezolano, ha generado una ola de indignación en diversos sectores del país. El chavismo confirmó este jueves que el detenido falleció hace casi un año en un hospital, después de que su familia denunciara durante meses que permanecía en paradero desconocido. Organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, activistas y la Defensoría del Pueblo han expresado su consternación por los hechos y exigen esclarecimiento inmediato.
Quero Navas, de 51 años, fue detenido en enero de 2025 bajo lo que la ONG Foro Penal describe como un "motivo aparente" relacionado con su servicio militar en 2023. Su madre, Carmen Navas, pasó meses buscando respuestas sobre el paradero de su hijo sin obtener información oficial sobre su situación. La falta de transparencia en el manejo del caso generó preocupación entre defensores de derechos humanos y organismos internacionales sobre las condiciones de reclusión de presos políticos en el país.
La Defensoría del Pueblo manifestó que es "imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes". Mediante un comunicado en Instagram, la institución señaló que este suceso "evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país". La muerte de Quero ha reavivado el debate sobre el respeto a los derechos humanos en el sistema carcelario venezolano.
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal a cargo de la Fiscalía Nacional con competencia en protección de derechos humanos. También ordenó realizar "con prontitud" la exhumación del cadáver para determinar las causas reales de la muerte. Este caso se suma a otras denuncias sobre desapariciones forzadas y detenciones sin debido proceso que mantienen en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
