Monitora federal truena contra el DCR - EntornoInteligente
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La monitora federal del caso por violación de derechos civiles de los menores ingresados bajo la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), Kimberly Tandy, consideró que la respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) al informe en el que denunció problemas en sus instalaciones no contiene detalles sobre cómo se abordarán los problemas planteados.

Por tal razón, solicitó a la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo que le ordene al gobierno presentar en las próximas dos semanas un documento en el que se notifique cómo corregirán las deficiencias y reenvíe el plan de personal.

El pasado 10 de septiembre EL VOCERO publicó un informe de Tandy en el que destacó incidentes de automutilación, intentos de suicidios, agresiones entre internos y a oficiales de custodia y reducción de personal, entre otros, en este caso radicado por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense en 1994. El pasado viernes el gobierno de Puerto Rico presentó su respuesta al informe.

“A pesar de los importantes problemas planteados en el segundo informe trimestral que apuntan a las condiciones nocivas, no se incluyen medidas significativas para comenzar a abordar qué medidas se tomarán para garantizar que el personal brinde la supervisión adecuada para mantener a los jóvenes seguros”, reza la moción de Tandy.

Afirmó que el Estado Libre Asociado (ELA) debe identificar medios más efectivos para manejar los comportamientos de sus jóvenes más disruptivos y qué medidas tomará para asegurar que los oficiales estén debidamente asignados y participen activamente en la supervisión de los jóvenes en las unidades.

Expuso que el gobierno debe identificar los factores de riesgo que están creando condiciones inseguras en las instituciones de Ponce y Villalba —ya sean externas o internas— debido a las fallas en el equipo de seguridad, el diseño de los centros y/o la gestión operativa.

Destacó que el equipo de monitoreo está dispuesto a brindar asistencia en esa área.

Manejo irregular del personal

En cuanto al problema de escasez de personal que labora en la AIJ, Tandy señala que el plan del gobierno carece de detalles suficientes para abordar la mayoría de los requisitos del acuerdo. Específicamente, menciona que no se identifica la cantidad de personal de seguridad necesario por puesto y rango, así como los empleados que brindan supervisión en las instalaciones de Ponce y Villalba.

“El informe del ELA debe comenzar con la cantidad de personal que cree necesario para abordar los problemas relacionados con la seguridad y supervisión adecuada… También debe abordar cómo el personal asignado será adecuado para garantizar que los jóvenes pueden ser ubicados en un entorno lo menos restrictivo posible, sin ser sometidos a posibles daños”, planteó.

Tandy destaca que la respuesta del ELA tampoco precisa cómo se reclutará a los 129 oficiales que anteriormente trabajaban en Humacao.

“No debe ser sorpresa, como señala el ELA, que el sindicato de oficiales de (custodia) haya asumido la posición de que los viajes a esas dos instalaciones (Villalba y Ponce) tomen entre 60 y 90 minutos. Para la mayoría de los oficiales —sin un diferencial salarial— sería demasiado oneroso para quienes viven lejos de las instalaciones. El consultor del monitor advirtió esto en su informe del cuarto trimestre de 2018 y en informes anteriores”, mantuvo.

A su vez, menciona que el ELA no provee información sobre cómo se llevará a cabo la comunicación a los oficiales de Humacao para que trabajen en Ponce y Villalba.

LINK ORIGINAL: El Vocero

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