Miradas contrapuestas al borrador de nueva Constitución: Morgan Stanley pone paños fríos y JP Morgan advierte sobre el Banco Central e incertidumbres en la minería

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Las diversas comisiones temáticas de la Convención Constitucional llegaron a su fin tras 10 meses de funcionamiento, dando paso así a las instancias de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias. En ese sentido, el banco de inversiones Morgan Stanley, señaló a sus clientes a través de un informe que «las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proyecto de Constitución». Desde la otra vereda, JP Morgan mostró su preocupación respecto a la fórmula de destitución de consejeros del Banco Central, sumado a una incertidumbre que se generaría en la minería y los sistemas de concesiones. «Esto aparece como una limitación a la autonomía de Banco Central, en particular en caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria -no tuvieron en consideración- la orientación general de la política económica del Gobierno», sostuvo.  Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La Convención Constitucional finalizó el proceso de comisiones temáticas tras 10 meses de funcionamiento, para dar paso así a la recta final de la instancia que establece las comisiones de Armonización, Preámbulo y Normas transitorias previo a entregar la propuesta de nueva Carta Fundamental a inicio de julio.

En ese escenario, el banco de inversiones Morgan Stanley puso paños fríos a lo aprobado por el órgano redactor y no se mostró preocupado tras la publicación del borrador, estimando que la propuesta se aprobará en el plebiscito de salida fijado para el 4 de septiembre de este año. Así lo indicaron a través de un informe enviado a sus clientes.

«No vemos signos de elementos potencialmente disruptivos para la macroeconomía de Chile. Las propuestas más extensas han sido rechazadas por el pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proyecto de Constitución», sostuvieron.

«Aunque las encuestas ante el plebiscito de salida de septiembre siguen mostrando que la opción ‘Rechazo’ mantiene una tendencia de ventaja, nuestro escenario es que finalmente se apruebe la nueva Constitución», complementaron.

Sin embargo, el banco estimó que la nueva Carta Fundamental significará una carga fiscal más alta para el país, así como una regulación más estricta a las empresas, especialmente en temas de medioambiente.

Morgan Stanley destacó «la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional, que significaban un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal. Esto debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, lo que debería reducir la incertidumbre política para los líderes empresariales, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo».

El documento también señaló que los derechos de agua se terminaron, y en relación a la minería, detallaron que el resultado «fue considerablemente más moderado» a lo que se esperaba. Esto, tras las discusiones de la comisión de Medio Ambiente de la Convención.

Sobre el Banco Central no mostró mayores preocupaciones, ya que «mantiene su independencia, y no hay cambios significativos».

Desde la otra vereda, el banco JP Morgan se mostró preocupado por algunas normas aprobadas sobre el Banco Central, sin estar muy conforme sobre la norma que establece que los miembros del consejo de la entidad puedan ser removidos a petición del Congreso.

«Esto aparece como una limitación a la autonomía del Banco Central, en particular en caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria -no tuvieron en consideración- la orientación general de la política económica del Gobierno», señalaron.

Otras de las alertas provenientes de JP Morgan, guarda relación con un posible incertidumbre en la minería y del sistema de concesiones, las que se verían afectadas con lo aprobado por la Convención Constitucional.

«Notamos un riesgo en que exista un sistema débil de autorizaciones, derechos y licencias, que se establezcan posteriormente mediante ley ordinaria, lo que hace probable que la incertidumbre sobre la inversión futura en el sector minero sea persistente», cerró.

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