El exdiputado Walter Márquez, quien también fungió como embajador de Venezuela en la India y actualmente preside la Fundación El Amparo Internacional, realizó una visita a Puerto Ordaz donde realizó fuertes denuncias sobre la situación del Estado de Derecho en Bolívar. Durante su intervención, Márquez hizo un llamado urgente a los gobiernos regional y nacional para que restituyan la seguridad jurídica en la entidad, advirtiendo que sin estas garantías es imposible atraer inversión internacional y que insistir en los errores del pasado solo perpetuará el fracaso económico que ha caracterizado a la región.
Márquez señaló que el estado Bolívar es un ejemplo palpable de lo que no debe volver a suceder en materia económica, recordando la destrucción de importantes emporios empresariales como La Vergaraña en el sector agropecuario y el complejo Friosa. El exparliamentario denunció que los legítimos propietarios de Friosa, los hermanos García Armas, están siendo víctimas de lo que denomina "terrorismo judicial" a través de acciones del Ministerio Público que buscan la ocupación ilegal y confiscación de 190 apartamentos del conjunto residencial Doña Paulina, sin que exista siquiera un decreto formal de expropiación que lo justifique.
Márquez responsabilizó directamente al administrador actual de Friosa, Jorge Oropesa, junto con funcionarios del Ministerio de la Vivienda y Hábitat, de pretender apoderarse de estos inmuebles de manera irregular. El exdiputado refutó categóricamente los argumentos oficiales utilizados para justificar la ocupación, negando rotundamente que los edificios estén incluidos en los decretos de expropiación de 2010 o 2012, ya que la construcción comenzó en 2015. Asimismo, desmintió que se utilizaran materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, afirmando que el proyecto fue financiado por el Banco Occidental de Descuento y recursos propios del grupo empresarial.
Como parte de sus acciones legales, Márquez anunció que se prepara una denuncia formal que será presentada ante el fiscal superior del estado Bolívar, el fiscal general de la República y la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Estado a través de la Embajada Americana. Además, el exparliamentario cuestionó la entrega del 51% de las acciones de la empresa forestal Proforca a una corporación turca, criticando que en lugar de proteger el ecosistema, se está explotando desmedidamente los recursos de las 400.000 hectáreas disponibles.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
