Magistrado pide incrementar tribunales y personal del sistema judicial

Magistrado pide incrementar tribunales y personal del sistema judicial

El magistrado emérito de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, expresó la necesidad urgente de ampliar la infraestructura del sistema de justicia nacional mediante el incremento de tribunales, jueces y personal administrativo. Esta propuesta forma parte de la Consulta por la Reforma Judicial Penal y busca garantizar que toda la población tenga acceso efectivo a los servicios judiciales, reduciendo los cuellos de botella que actualmente afectan la administración de justicia.

Mendoza enfatizó la importancia de implementar mecanismos de conciliación y mediación previa a las sentencias definitivas, con el objetivo de agilizar los procesos que actualmente se extienden durante períodos extremadamente prolongados. Destacó que los sistemas constitucionales requieren de una revisión permanente y continua adaptación, ya que la Constitución no debe interpretarse como una letra muerta sino como un instrumento viviente que necesita correcciones y ajustes conforme a las realidades contemporáneas.

El magistrado identificó que uno de los principales problemas radica en que los lapsos procesales establecidos por el sistema de garantías no se corresponden con la dinámica operativa real de los tribunales. Explicó que aunque en algunos casos la recolección de pruebas no es compleja y se han implementado audiencias digitalizadas, los tribunales de control aún enfrentan miles de causas pendientes asignadas a una sola persona, lo que imposibilita la realización de audiencias personalizadas y suficientes.

Mendoza argumentó que la creación de nuevos tribunales es fundamental para resolver esta crisis de carga procesal, considerando especialmente que el sistema de garantías ha generado jurisdicciones altamente especializadas tales como tribunales para niños, niñas y adolescentes, así como tribunales especializados en violencia de género. Estas estructuras requieren de recursos adicionales y personal dedicado para funcionar adecuadamente y garantizar la protección de derechos en casos sensibles.

Fuente: El Universal — Ver nota original

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