En Venezuela, ser madre de un preso político representa una carga devastadora que sobrepasa los límites del sufrimiento humano. Las organizaciones defensoras de derechos humanos documentan sistemáticamente violaciones a garantías fundamentales, retrasos procesales, desapariciones forzadas y la ausencia de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas. Durante años, estas madres han llevado sobre sus hombros la tristeza y la incertidumbre, vestidas de una esperanza cada vez más frágil con cada anuncio que les promete el fin de su peregrinaje por cárceles, fiscalías y tribunales.
Estas mujeres dedican sus vidas enteras a intentar liberar a sus hijos: recorren centros de detención, cargan carpetas llenas de documentos para conseguir amnistías, contactan constantemente abogados, gastan sus recursos en paquetería semanal para las cárceles y traslados. Reorganizan completamente sus existencias alrededor de una única misión: lograr la excarcelación de sus hijos o, en casos extremos, conocer la verdad sobre lo que sucedió con ellos. Esta lucha incesante consume no solo sus recursos económicos, sino también su salud física y mental.
Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, fallecieron cinco madres de presos políticos en circunstancias que evidencian la magnitud de esta tragedia. Tres de ellas murieron sin saber que sus hijos serían excarcelados días después. Una alcanzó a compartir apenas trece días con su hijo tras recuperar su libertad. Otro caso particularmente desgarrador fue el de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas, quien a los 81 años sostuvo durante dieciséis meses una búsqueda incesante para conocer qué sucedió con su hijo. Falleció el 17 de mayo, apenas diez días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informara sobre la muerte de su hijo bajo custodia estatal.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha enfatizado la urgencia de reconocer que estos fallecimientos de madres deben ser incorporados en los registros de "muertes potencialmente imputables al Estado", considerando la responsabilidad del Estado en las "condiciones extremas de sufrimiento" generadas. Se propone trascender la simple documentación de detenciones arbitrarias para incorporar el concepto de daño extensivo y la correlación entre el deterioro médico de las familias y las acciones u omisiones de los entes judiciales. Estos casos representan no solo pérdidas personales, sino evidencia documentada de la responsabilidad estatal en la creación de condiciones que aceleran la muerte de familias enteras.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
