Los trabajos (pendientes) de la justicia

Entornointeligente.com /

Si hay justicia en México, este martes Alejandra Cuevas Morán estará al fin libre; la Suprema Corte de Justicia habrá hecho honor a su nombre. Tras 528 días de angustia, la Sra. Laura Morán y sus nietos podrán empezar a sanar las heridas y el trauma de la injusticia, la separación impuesta. Alejandra Cuevas podrá tal vez empezar a procesar el dolor del encierro y la incertidumbre. Esto será posible si, además de aprobar el amparo liso y llano y la libertad de Alejandra, las y los ministros garantizan que ambas mujeres, acusadas de un delito inexistente, dejen de ser perseguidas por un sistema que debería haberles garantizado sus derechos y protegido de arbitrariedades. Se habrá hecho justicia, entonces, si se sanciona a quienes han sido cómplices de venganzas personales y han servido al poder y no a la justicia, o se han servido del poder en vez de garantizar los derechos de todas las personas.

Dejar sin sanción a quienes abusan de su poder, directo o delegado, sería contribuir a la impunidad que corroe al aparato encargado de aplicar la ley e impide construir un Estado de Derecho. Los trabajos de la Justicia deben romper la cadena de abuso y arbitrariedad no sólo para quienes pueden hacerse escuchar en redes y medios sino también para quienes alzan la voz sin eco social y permanecen en la cárcel injustamente o buscan en vano la justicia. El caso paradigmático de Alejandra Cuevas, por la extremada evidencia del abuso de la ley y de las instituciones, debería impulsar una revisión general de otros casos de mujeres encarceladas por delitos «construidos», o por falsa atribución de conductas ilícitas, cometidas por sus parejas u otros hombres, coludidos con fuerzas policiacas corruptas; o por afán de venganza de funcionarios abusivos.

Tales son los casos de mujeres encarceladas por «homicidio agravado en razón de parentesco», utilizado para castigar el aborto, incluso espontáneo, delito que no se incluye en la ley de amnistía. Son también los casos de mujeres que se han autoinculpado por «amor» o cuya pareja o familiar las ha entregado a la policía para salvar su pellejo, o que han sido «vendidas» o «intercambiadas» a la policía por criminales que así «negocian» su libertad, como ha denunciado la antropóloga Aída Hernández, quien también ha documentado la aberración judicial contra  María Luisa Villanueva, encerrada durante 24 años sin haber cometido delito alguno. O sometidas a improcedente prisión preventiva  como Yolli García en Veracruz. A ellas se añaden mujeres indígenas, condenadas sin acceso a traducción, que representan el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico. Miles de hombres son también víctimas del punitivismo  y de la desidia y corrupción que los dejan encarcelados sin sentencia y, en contraste, dejan libres a criminales confesos.

Si hay justicia en México, tendría que revisarse la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México ante el alza de feminicidios y violaciones. Alguien tendría que rendir cuentas por la incapacidad de resolver en casi 4 años la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, por no mencionar casos menos conocidos, o las desapariciones intermitentes que muchas veces ni se investigan. Tendrían que rendir cuentas sobre todo las «autoridades» judiciales del Estado de México que, pese al «histórico» fallo de la SCJN en 2015, no han culminado el proceso contra el asesino de Mariana Lima Buendía. ¿No debería la Corte preguntarse de qué sirve una «sentencia paradigmática» si el trabajo básico de la justicia no se hace? 

¿De qué se ufanan las máximas autoridades si la reforma del sistema no elimina el influyentismo ni la corrupción y siguen estancados procesos contra padres acusados de abuso sexual infantil o se pretende arrancarle sus hijas a la madre que tiene la custodia para que su padre violento las saque del país?

Mucho queda pendiente para que algún día «la justicia se siente entre nosotros».

Archivado en:

Transmutaciones SCJN Poder Judicial de la Federación Lucía Melgar Crítica cultural

Transmutaciones Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

Lee más de este autor Los trabajos (pendientes) de la justicia

Ni bosques, ni agua: la política de la devastación

Autoritarismo vs. Educación

#8M en defensa de la vida

Normas decorativas

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com