La emergencia sísmica encontró al país con un ecosistema de medios bloqueado y, en el terreno, las fuerzas de seguridad intentaron una vez más controlar el relato. En este reportaje documentamos cómo la intimidación, la imposición de «permisos» militares y la falta de cifras oficiales atentan contra el derecho a la vida y la información oportuna Los movimientos telúricos que sacudieron a Venezuela hace un mes provocaron la muerte de más de 5000 personas, ocasionaron el desplazamiento de miles de familias y profundizaron la crisis humanitaria. Las ondas sísmicas derrumbaron estructuras de concreto en La Guaira, Caracas y otros 5 estados. Al mismo tiempo, sobre una infraestructura mucho menos visible —la del acceso a la información— empezaron a abrirse nuevas grietas. El silencio oficial, la censura y la intimidación contra periodistas se convirtieron en otra de las réplicas de la tragedia. Los terremotos encontraron a Venezuela con una libertad de información ya colapsada. Desde agosto de 2024 la red social X permanecía bloqueada en el país y más de 90 portales informativos seguían enfrentando restricciones de acceso, lo que limitaba ya el flujo de información independiente precisamente cuando la población más la necesitaba. Durante las horas posteriores al desastre, miles de ciudadanos reclamaron el levantamiento inmediato de esos bloqueos. Bajo la etiqueta #ConatelDesbloqueaYA, usuarios exigieron recuperar el acceso a X y a los medios digitales para compartir reportes sobre personas desaparecidas, edificios comprometidos, vías obstruidas y necesidades urgentes en las zonas afectadas. Algunos usuarios reportaron que las principales operadoras comenzaron a retirar las restricciones para acceder a X, pero el levantamiento del bloqueo ha presentado fallas, interrupciones y un comportamiento inestable según la región y el proveedor de internet, por lo que múltiples usuarios continúan quejándose de dificultades de acceso. Mientras rescatistas, bomberos y voluntarios rem
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