La defensa de Nicolás Maduro logró presentar argumentos persuasivos ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en relación con el financiamiento de su defensa legal. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, mostró receptividad a la solicitud de los abogados de Maduro y su esposa Cilia Flores de permitirles usar recursos del gobierno venezolano para costear sus gastos legales. Sin embargo, el magistrado dejó en suspenso su decisión final sobre este caso, señalando que emitiría un fallo en una fecha posterior junto con la programación de la próxima audiencia.
Los fiscales estadounidenses se opusieron firmemente a que Venezuela financie la defensa de la pareja, argumentando que Maduro "saqueó" la riqueza de la nación caribeña y que no debe usarse dinero del erario público para pagar abogados. Según los fiscales, la medida representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, especialmente considerando las sanciones vigentes contra Venezuela. Los argumentos del gobierno también incluyeron la afirmación de que la pareja posee fondos personales disponibles para su defensa, un señalamiento que los acusados rechazaron categóricamente durante la audiencia.
A pesar de los argumentos del gobierno, el juez Hellerstein enfatizó que "el derecho a la defensa es primordial" en el sistema judicial estadounidense, una posición que favorece los intereses de Maduro y Flores. Este comentario del magistrado sugiere una inclinación hacia reconocer derechos constitucionales básicos, aunque sin comprometerse definitivamente. El juez también dejó claro que no desestimará los cargos de narcoterrorismo por esta disputa sobre financiamiento, manteniendo así la integridad del proceso penal.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York enfrentando cargos relacionados con tráfico de armas y drogas, delitos que ambos rechazan categóricamente. Fueron capturados en una operación militar estadounidense realizada el 3 de enero en Caracas, donde fueron trasladados posteriormente. Para que el gobierno venezolano pudiera financiar la defensa legal, necesitaba una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que fue otorgada inicialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros pero revocada poco después, complicando aún más la situación de los acusados.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
