«Ley de urgente consideración ataca la libertad de expresión» - EntornoInteligente
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El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, planteo su preocupación sobre algunos contenidos del borrador de la ley de urgente consideración (LUC) que «podrían afectar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, en especial en el espació de internet» y «los derechos fundamentales vinculados a la protesta pacífica».

En entrevista realizada en el programa No Toquen Nada de emisora Del Sol, Lanza cuestionó el contenido del inciso que se garantiza «el derecho al olvido en búsquedas de internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes».

«El supuesto derecho al olvido permite que una persona que haya sido afectada sustancialmente por una información que circula en redes sociales o en motores de búsqueda pueda pedir que se quite esa información y que deje de aparecer cuando se pone su nombre en internet. Esto fue pensado de algún modo para personas por ejemplo que tuvieron una deuda en algún momento y la pagaron y siguen apareciendo en internet como que todavía tienen esa deuda pendiente, o una persona que fue procesada por algún delito y luego fue absuelta pero en internet sigue apareciendo como que fue procesada por un delito de defraudación o violencia contra una mujer o un accidente de tránsito o delitos más graves. En Europa ha generado problemas porque están quienes se aprovechan de este tipo de problemas para limpiar reputaciones y por ejemplo personas investigadas por corrupción o por violaciones a los derechos humanos o incluso por delitos. Por eso es una discusión que toda la sociedad tiene que dar. Hasta donde uno puede borrar que esos hechos ocurrieron y que esos hechos fueron informados».

Este inciso «otorga un poder legal de censura a los actores del sector privado, sin intervención judicial, y abre un campo propicio para la creación de una industria de la eliminación de información, no sólo para casos que podrían ser excepcionales y que ameritan una solución, sino para casos que puedan implicar informaciones sobre personas públicas, actuación del gobierno o relevantes en general para la sociedad», aseguró Lanza.

En segundo lugar Lanza se refirió a una serie de artículos vinculados a la «protesta social». En particular, mencionó el 448, que declara «ilegítimos los piquetes realizados en espacios púbicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», el 449, que faculta el uso de la «fuerza pública para disolver los piquetes» y por último, el 450, que apunta que «la intervención de la autoridad competente se efectuará a fin de garantizar el derecho a  la libre circulación, el orden público y la tranquilidad», y «en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público».

Lanza defendió que las protestas constituyen una «vía para defender la democracia y los derechos humanos», son «una forma a través de la cual las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas». En ese sentido, escribió al gobierno que es «de especial preocupación» declarar ilegal cualquier forma de piquete. Si se aprueban estas normas se otorga, por un lado, «una amplísima discrecionalidad a la Policía para declarar ilegales manifestaciones formas de protesta de la más diversa índole, en cualquier espacio», y, por otro lado, «la indeterminación las condiciones que vuelven a un acto ilegal impide a los ciudadanos conocer cuál es la conducta prohibida, lo que se vuelve grave tratándose de una limitación severa a los derechos fundamentales», explicó el experto.

También preocupa a Lanza «la falta de garantías de acceso a la Justicia y debido proceso para declarar y disolver protestas que el Ministerio del Interior clasifique como «piquetes», y sostiene que da al organismo «todas las facultades para declarar ilegal una protesta, sin necesidad de motivar y sin posibilidad para los afectados de impugnar la decisión ante un órgano independiente».

«Algo inadmisible en un Estado de Derecho democrático», sentenció Lanza.

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